Un año desde que comenzó la crisis institucional en la Universidad Especializada de las Américas (Udelas), recordando que no se permitió tomar posesión a la rectora electa, Dra. Gianna Rueda, por parte del exrector Juan Bosco Bernal, comenzando así diversos procesos administrativos que van desde despidos y separaciones de cargo hasta la realización de un nuevo torneo electoral plagado de inconsistencias administrativas y lejos de las normas internas de la universidad, donde solo una candidata participó: la Dra. Nicolasa Terreros.
La Corte Suprema de Justicia, que debería velar por la estabilidad y la legalidad, sigue sin emitir un fallo. Esta prolongada tardanza no solo deja en el limbo a una universidad que forma a jóvenes en áreas tan críticas como la salud, la educación y las ciencias sociales, sino que también mina la confianza en el sistema de justicia panameño.
Mientras tanto, el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien debería garantizar que los procesos democráticos y legales se respeten, ha optado por el silencio. Curiosamente, este mismo mandatario no duda en emitir opiniones sobre temas internacionales, como la situación política de Venezuela, desconociendo a un “presidente” extranjero. Sin embargo, no ha tenido la misma firmeza para opinar sobre una rectora electa en Udelas a la que no se le ha permitido tomar posesión de su cargo. Este doble estándar genera preguntas inevitables: ¿por qué las prioridades están tan desalineadas? ¿Acaso no es más urgente resolver los problemas que afectan a la educación superior de nuestro país?
El contralor de la República, otra figura clave en este entramado, también ha guardado silencio. La Contraloría, que debería actuar como garante de la transparencia y del buen uso de los recursos públicos, parece estar ausente en este caso. Ahora, con la llegada de un nuevo contralor, surge la esperanza de que este escándalo no sea ignorado y se tomen las acciones necesarias para esclarecer los manejos administrativos que tanto daño están causando.
Asimismo, el nuevo procurador general tiene una responsabilidad ineludible. Es imperativo que los casos relacionados con Udelas reciban la atención que merecen. No se trata solo de una universidad, sino de la confianza en nuestras instituciones. La justicia no debe ser ciega ante los atropellos y el irrespeto a los procesos democráticos.
Esta situación nos lleva a reflexionar: ¿qué mensaje se está enviando a los estudiantes y docentes de Udelas? ¿Qué ejemplo se da al resto de las universidades del país? ¿Se espera que Udelas siga el camino de otras instituciones públicas de educación superior, como la Unachi o la Universidad de Panamá, donde las luchas internas y las irregularidades administrativas han opacado su propósito académico?
Es alarmante que haya pasado un año sin avances significativos. La inacción no solo perjudica a la comunidad universitaria, sino que también compromete el desarrollo de las futuras generaciones de profesionales que tanto necesita nuestro país. La justicia debe llegar, y debe hacerlo pronto. La educación no puede seguir siendo rehén de la negligencia y el desinterés.
Para concluir, Panamá merece más. La comunidad de Udelas merece más. Y todos los ciudadanos debemos exigir que nuestras autoridades, desde el presidente hasta los órganos de justicia, asuman la responsabilidad que les corresponde. La crisis en Udelas no es solo un problema interno; es un reflejo de las fallas de nuestras instituciones y un llamado urgente a la acción. La educación superior no puede seguir siendo víctima de la indiferencia y el abuso de poder. Es momento de que las autoridades respondan y devuelvan la estabilidad y dignidad que esta universidad merece.
El autor es terapeuta ocupacional y docente universitario.
