Panamá es un país diverso, también en lo político. Hay ciudadanos que morirán votando por un solo color; otros cambian su voto según el partido que más los convenza; y algunos más se declaran apolíticos. Esta diversidad política es saludable: refleja respeto por la libertad ajena. Las autoridades elegidas libremente por el pueblo son quienes administran nuestra libertad. Que el partido del presidente de la República no sea el mismo que el de la Asamblea Nacional —el primer y el segundo órgano del Estado— es una muestra de madurez democrática.
La reciente elección del diputado Jorge Herrera, del Partido Panameñista, como presidente de la Asamblea Nacional —distinto al partido gobernante Realizando Metas (RM)— representa una expresión saludable del principio republicano de separación de poderes, consagrado en el artículo 2 de nuestra Constitución. Este establece que el Estado se organiza en tres poderes independientes: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. La independencia funcional de cada órgano crea equilibrio, evitando la concentración de poder.
Que Ejecutivo y Legislativo pertenezcan a partidos distintos es legítimo y deseable: obliga al diálogo, frena impulsos autoritarios y fortalece la fiscalización.
La historia reciente lo demuestra. En múltiples ocasiones, la Asamblea ha corregido decisiones del Ejecutivo: reformas a la Caja de Seguro Social, ajustes a la ley de contrataciones públicas, vetos superados por mayoría legislativa. Esa separación partidaria permitió mejorar políticas públicas y abrió espacios a la participación ciudadana. Dialogar y pactar son expresiones de una democracia sana.
No es la primera vez que Ejecutivo y Legislativo son de partidos diferentes. Desde la transición democrática de 1989, esta dinámica ha evitado la concentración de poder y promovido la diversidad. Gobiernos como los de Mireya Moscoso (1999-2004), Martín Torrijos (2004-2009), Ricardo Martinelli (2009-2014), Juan Carlos Varela (2014-2019) y Laurentino Cortizo (2019-2024) enfrentaron asambleas de composición variada, que limitaron excesos, negociaron reformas y fortalecieron el control institucional.
Desde julio de 2024, el gobierno de José Raúl Mulino tuvo inicialmente una Asamblea presidida por Dana Castañeda (RM). Con la llegada de Jorge Herrera, se retoma la alternancia partidista. Ya se notan diferencias: la Comisión de Salud votó en contra del aumento en la edad de jubilación propuesto por el Ejecutivo.
La alternancia entre Ejecutivo y Legislativo ha sido esencial para nuestra democracia. Promueve transparencia, negociación y frena decisiones unilaterales.
Pero toda democracia sólida necesita un cuarto poder transversal: el periodismo libre e independiente. En Panamá, ese periodismo ha sido garante de la diversidad política. La alternancia de poder entre partidos existe porque el periodismo la defiende. Ojalá ninguna autoridad intente sofocar este cuarto poder, que permite informar, fiscalizar y denunciar lo que ataca a nuestra democracia.
Mientras el periodismo trabaje libremente, los otros tres poderes cumplirán su función, y la alternancia seguirá viva. Pero el día en que una autoridad ponga sus garras sobre un periodista, terminará la alternancia y se apagará la democracia.
Por eso, las negociaciones políticas hasta altas horas de la madrugada, los acuerdos entre bancadas, y hasta los “madrugonazos” en la Asamblea pueden ser señales de que la democracia funciona.
Aplaudamos, pues, a nuestra democracia, que sigue viva, plural y en movimiento.
El autor es profesor e investigador de la Universidad de Panamá.
