La desesperación por mantenerse en el poder puede tener muchas manifestaciones, observamos las distintas formas de la corrupción, por ejemplo, la falta de transparencia y rendición de cuentas de la mayoría de las autoridades al servicio público.
Pareciera que diputados/as con intensiones de callar, amedrentar, intimidar, diluir y poniendo en riesgo a la opinión pública, siguen aprobando leyes y presentando proyectos en función de ciertos tipos de violencia que han sido ya resguardados por herramientas que han pasado por una lucha histórica, como lo es la violencia contra la mujer.
La conceptualización de la violencia contra la mujer tiene ya varias décadas, la Convención Belem do Para de 1995, la define como cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como el privado.
En la Ley 27/1995 se incorpora la tipificación de los delitos de violencia intrafamiliar, dándose los primeros pasos hacia la penalización de la violencia en el ámbito privado es decir, en el hogar.
La Ley 4 de 29/1999, por la cual se instituye la igualdad de oportunidades para las mujeres, incorpora dentro de sus principios la condena a todo tipo de violencia contra estas y obliga al Estado a protegerlas en el sector social, de los actos violentos y violatorios de sus derechos, incluyendo a las mujeres en el ámbito político.
Así la Ley 38/2001, reforma y adiciona artículos al Código Penal y el Código Judicial sobre violencia doméstica, incluye en su articulado un glosario bastante completo de los tipos de violencia contra la mujer, aplicables en el ámbito privado y público, se establece también una serie de medidas de protección para garantizar la seguridad e integridad de las víctimas.
La Ley 82/2013, violencia contra la mujer y tipificación del femicidio, define el contexto de relaciones desiguales de poder, la pertenencia al sexo femenino que ponga en desventaja a las mujeres con respecto a los hombres, así como incluye los diversos tipos de violencia contra la mujer, penalización y define el femicidio.
Todo este marco legal en función de la violencia que sufre la mujer en una sociedad machista y desigual ha sido producto de la constante lucha feminista que hoy día se pretende desvirtuar con leyes y propuestas “copy paste”, que más allá de proteger a la mujer en el ámbito de una práctica política, protección que está recogida en varias Leyes, intentan crear un cierto blindaje a quienes son parte del poder público y que deben ser sometidas a las reglas generales que establece la Constitución y las Leyes en función de ese “poder” y la “autoridad” conferida por su cargo.
La Ley de violencia política pareciera que además de estar dirigida a mujeres que militan en espacios políticos, incluyen a las mujeres en cargos públicos de poder, que tienen una condición distinta y que las diferencian al resto de las mujeres en estos espacios políticos.
Se debe reaccionar tanto penalmente como socialmente al ataque de mujeres en el contexto de relaciones desiguales de poder o por el hecho de ser mujer. Pero así mismo, hay que analizar con perspectiva de género los contextos en los que ocurren estos hechos “contra mujeres que ejercen un poder en el Estado”, debido a que sus acciones como servidoras estarán siempre sujetas a la fiscalización y críticas de la opinión pública.
Y así como un cóctel con muchos ingredientes, el Proyecto de Ley 910, pretende proteger a la mujer en el ámbito político y hacer una homologación del lenguaje para que los derechos y garantías se apliquen también a hombres víctimas de violencia política.
La propuesta contraviene el espíritu de las leyes con perspectiva de género, cuyo denominador son las relaciones desiguales de poder y la condición de mujer de sus víctimas, desvirtuando así toda una lucha histórica y la visibilización de la violencia estructural, androcéntrica y machista que las sigue violentando y excluyendo como parte de esta sociedad.
La autora es abogada defensora de Derechos Humanos.
