Una pandemia aterradora originada por la covid-19; una guerra sin cuartel, brutal, horrorosa y despiadada. La primera, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se registra por primera vez en Wuhan (China) el 31 de diciembre de 2019; la segunda inicia el 24 de febrero de 2022, cuando Rusia invade a Ucrania.
Ambos factores han cambiado el mapa geopolítico internacional, trastocando las cadenas de suministros mundiales y con ello las bases del comercio internacional, provocando una constante oscilación en la llamada globalización.
China, con Xi Jinping apoyado por el Partido Popular Comunista (PPC), logra su tercer mandato consecutivo, aunque su nombramiento formal como presidente de China será en marzo de 2023. Xi avanza con su estrategia de la nueva ruta de la seda, mientras que Rusia, con Vladimir Putin como jefe máximo, aplica de igual manera una política expansionista tal cual lo hace su socio y aliado comercial de Beijing.
Panamá, a mi juicio con su diplomacia cambiante, se presenta sumisa ante estas grandes potencias, marcadas por la violación de los derechos humanos, sin libertad de expresión, donde el poder recae en autócratas con sed de expansionismo mundial.
Las relaciones comerciales y diplomáticas entre China y Panamá se han intensificado en los últimos años; existen 50 acuerdos desde hace ya cinco años. Además, el gigante asiático es el segundo usuario del Canal de Panamá, por debajo de Estados Unidos. Con Rusia hay poco comercio, pero es aliado de Xi.
Sin un plan estratégico en el país, el gigante asiático no perderá esa gran oportunidad. Solo hace unas semanas, Zhu Rui, ministro adjunto del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), expuso en suelo patrio el tema “China en la nueva era: Política y metas”, destacando que la modernización no equivale a reflejarse en Occidente, sino que el camino para lograrlo se basará en un notable crecimiento socioeconómico, la coexistencia y la armonización camino al desarrollo pacífico y el aprendizaje recíproco, mensaje que se da a días del informe presentado por Xi ante el XX Congreso Nacional del Partido Comunista, titulado “Enarbolemos la gran bandera del socialismo con peculiaridades chinas, en lucha unida por la construcción integral de un país socialista moderno”.
Ante este panorama expansionista, las alarmas se han encendido y algunos especialistas señalan que ahora más que nunca un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China no se puede decidir de un día para otro, porque se debe analizar y presentar un plan estratégico que se basa en las variables del entorno geopolítico. Lo cierto es que, hasta el momento, el gobierno de Laurentino Cortizo no ha presentado un plan estratégico y, si existe, no lo conocemos.
El Canal de Panamá, principal activo del país por donde transitan anualmente más de 13 mil naves de alto calado y pequeñas, no deja de generar noticias. Su rendimiento se ha visto impactado por aspectos como el estancamiento en Shanghái y sus repercusiones en los puertos panameños como el alza en el costo de carga conteneri zada y el retraso de los envíos de carga a Panamá debido a la política que tiene China de “cero tolerancia” con la covid-19, lo que sigue causando graves problemas y afectaciones en la cadena logística.
Con relación a los puertos, dimos seguimiento al tema de la tarifa por movimiento de contenedores que las operadoras de puertos pagan al Estado y que no se ha revisado desde 2013, es decir hace más de ocho años, pese a que este compromiso de ajuste periódico aparece en las distintas adendas aprobadas, mediante ley, en cada uno de los contratos de concesión portuaria.
Las denuncias contra Panama Ports Company (PPC) no han cesado desde que el Estado le dio este año en concesión por 25 años más el desarrollo, construcción, administración y dirección de las terminales de contenedores en los puertos de Balboa y Cristóbal. El abogado Jaime Abad afirmó en el programa radial Ventana Comercial que PPC incumple la ley orgánica de los puertos, impidiéndole a las empresas que él representa, como Panama Reefer Solutions (PRS) y Harbour Shipping Corporation (HSC), el ingreso a los puertos. Aseguró que la empresa, desde enero de 2022, ha asumido prácticas de monopolio cerrándole las puertas a lo “vaquero”.
A lo largo de los años, los panameños han estado vigilante de lo que se mueve dentro y fuera del principal recurso del país; sin embargo, los gobiernos de turno no ejercen el papel de fiscalizador como debe ser. El abogado Francisco Carreira ha destacado que ser socio de PPC le ha generado problemas al país, ya que Panamá, a pesar de ser socio y tener un porcentaje, estos (Hutchinson) no ven a Panamá como tal. “Ahí no hay estado financiero que se pueda publicar, Panamá no tiene derecho de veto de los gastos en que incurre la empresa, por lo que estamos amarrados a un mal socio”, afirmó el jurista.
El tema marítimo es solo uno de los tantos que inciden directamente en sectores estratégicos de la economía panameña vinculados a los acuerdos firmados con China hace ya cinco años, por lo que es importante que el gobierno de Panamá analice las experiencias de otros países, revise los acuerdos y permita que la sociedad se vincule a estos procesos y conozca las implicaciones para el país en este desafío global.
El autor es comunicador social
