Entre los valores fundamentales para vivir en sociedades justas y democráticas se encuentran la verdad, la libertad, la igualdad y la fraternidad, especialmente en tiempos de adversidad.
Las recientes declaraciones del expresidente Donald Trump sobre el Canal de Panamá, en las que hizo afirmaciones erróneas sobre la soberanía panameña sobre la vía interoceánica, han generado preocupación y requieren una respuesta clara. Las declaraciones y acciones del gobierno de Estados Unidos tergiversan hechos históricos clave y subestiman el sacrificio de quienes murieron en la construcción del Canal, así como de aquellos que lucharon por la soberanía nacional.
En primer lugar, la afirmación de que 35,000 ciudadanos estadounidenses murieron durante la construcción del Canal es completamente falsa. Para comprender el número real de fallecidos, es necesario revisar los distintos períodos de construcción. Durante el intento francés y la construcción del ferrocarril en la década de 1880, murieron aproximadamente 25,000 personas, en su mayoría franceses y jamaicanos, con solo un par de cientos de estadounidenses, según registros históricos. Posteriormente, entre 1904 y 1914, cuando Estados Unidos retomó la construcción del Canal, se registraron unas 6,000 muertes, en su mayoría trabajadores de Barbados y otras naciones de Centroamérica y el Caribe, con alrededor de 300 estadounidenses. Gracias a los esfuerzos del Dr. William Gorgas y sus campañas contra la malaria y la fiebre amarilla, las condiciones sanitarias mejoraron y se redujo la mortalidad.
Otro error en la interpretación de la historia del Canal radica en el desconocimiento de los tratados que regularon su construcción y posterior traspaso a Panamá. Los derechos para la construcción fueron establecidos en el Tratado Hay-Bunau-Varilla de 1903, que luego fue reemplazado por el Tratado Torrijos-Carter de 1977. Este último puso fin a los acuerdos previos y estableció que el Canal sería entregado a Panamá el 31 de diciembre de 1999.
El principio de neutralidad del Canal de Panamá garantiza relaciones comerciales y diplomáticas justas con todos los países, siempre que su operación o la soberanía panameña no estén amenazadas. El Tratado de Neutralidad, en su artículo V, estipula que, tras la entrega del Canal, solo Panamá será responsable de su administración y defensa. Además, el artículo VI establece que los buques militares de Estados Unidos tienen derecho a un tránsito expedito, pero sin interferir en la soberanía panameña.
La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, de la cual Estados Unidos es signatario, establece que la terminación de un tratado solo puede darse conforme a lo estipulado en la convención. Por ello, las afirmaciones infundadas sobre la neutralidad del Canal no tienen sustento. En este contexto, Panamá debería procurar que China firme el Tratado de Neutralidad, dado su papel clave en el comercio a través de la vía interoceánica. Según el Banco Mundial, China es uno de los principales socios comerciales de Panamá, junto con Estados Unidos, México y Costa Rica.
A nivel interno, la situación política de Panamá no debería ser motivo de injerencia extranjera. En un mundo donde proliferan oligarquías, cleptocracias y caquistocracias, el fortalecimiento de la educación y las instituciones democráticas es clave para garantizar el buen gobierno. Aunque hay debates sobre el impacto real del Canal en el desarrollo nacional, lo cierto es que, aunque representa menos del 8% del PIB, sigue siendo un activo esencial. En 2024, el Canal generó ingresos de 4,900 millones de dólares, de los cuales 2,400 millones fueron transferidos al Tesoro Nacional. Sin embargo, Panamá enfrenta una deuda pública superior a los 53,000 millones de dólares, con pagos de intereses que ascendieron a 2,100 millones en 2023. Esto refuerza la importancia del Canal como fuente de financiamiento para el país.
Panamá ha defendido históricamente la resolución pacífica de los conflictos y ha logrado su independencia y soberanía a través de la diplomacia y la unidad. La mejor vía para afrontar sus retos sigue siendo el fortalecimiento de sus instituciones democráticas, el debate político y una justicia equitativa, sin la injerencia de potencias extranjeras.
El autor es internacionalista.
