El viernes 9 de octubre, a las 12:56 p. m., la tierra se movió con una fuerza que muchos panameños no habían sentido nunca. El sismo de magnitud 7,5, según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, tuvo su epicentro en Veraguas, cerca del límite con Los Santos, y se percibió en casi todo el país. Unas 300 personas tuvieron que ser evacuadas de Isla Cañas por la subida del mar, varias comunidades quedaron incomunicadas y, al día siguiente, el Gobierno declaró el estado de emergencia.
Durante años se ha repetido que Panamá es un país bendecido, a salvo de los desastres naturales. La historia dice otra cosa. El sismo de 1991 golpeó Bocas del Toro y Chiriquí. Hubo temblores fuertes en 2001 y 2003. Y cada temporada lluviosa trae inundaciones, que encabezan los registros históricos de desastres del país. La pregunta ya no es si habrá otro evento, sino si conocemos las zonas más expuestas y estamos preparados para proteger a quienes viven en ellas.
Parte de esa respuesta puede encontrarse en un mapa. Una herramienta que muestre dónde y cómo las personas, los ecosistemas y la infraestructura pueden sufrir el impacto de inundaciones, deslizamientos, tormentas o terremotos. Hoy esos mapas se construyen con sistemas de información geográfica (SIG), que reúnen en una misma plataforma la forma del terreno, el curso de los ríos, las fallas geológicas, la ubicación de casas, escuelas y centros de salud, y el registro de los eventos del pasado.
Panamá no parte de cero. En 1999 participó en la adopción del marco estratégico regional para reducir las vulnerabilidades y el impacto de los desastres en Centroamérica. Como miembro del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), participa en el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana (Cepredenac). La Ley 7 de 2005 reorganizó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), y a la política nacional de gestión del riesgo aprobada en 2010 se sumó la correspondiente al período 2022–2030. Existen, además, insumos valiosos: la cartografía del Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia, el Índice de Vulnerabilidad al Cambio Climático presentado por el Ministerio de Ambiente en 2021 y herramientas públicas de consulta sobre riesgos ambientales. Cada instrumento tiene un alcance distinto y debe utilizarse según la amenaza que permite evaluar.
El Plan Estratégico Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres 2022–2030 identificó limitaciones para integrar la información sobre amenazas, vulnerabilidad y riesgo. El desafío es superar esas brechas y garantizar que las herramientas disponibles se traduzcan en decisiones locales. Alcaldes, representantes, brigadas de emergencia y comunidades necesitan información comprensible, actualizada y accesible, incluso cuando fallan la electricidad o las comunicaciones. Un dato que vive en el servidor de una institución sirve de poco si no puede consultarlo un corregimiento que se quedó sin acceso por carretera.
Imaginemos que, antes del 9 de octubre, cada municipio de Los Santos, Herrera y Veraguas hubiera contado con mapas que integraran la amenaza sísmica, las condiciones del suelo, la vulnerabilidad de las construcciones y el estado de sus rutas de acceso. Habría podido identificar comunidades con mayor riesgo de aislamiento, evaluar posibles albergues y preparar rutas alternativas. Eso no habría permitido predecir el terremoto ni determinar con certeza sus daños, pero sí organizar mejor la prevención y la respuesta.
Las herramientas para hacerlo existen. Los SIG permiten cruzar información sobre amenazas, población e infraestructura y, junto con estudios especializados, construir escenarios de posibles impactos. Su utilidad depende de la calidad de los datos, de su actualización y de la capacidad de quienes los interpretan. También requiere trabajo de campo y participación comunitaria: un modelo necesita contrastarse con las condiciones reales del territorio.
Por eso propongo tres pasos. Primero, una plataforma nacional de información para la gestión del riesgo de desastres, con cartografía general a escala 1:500 000 y estudios de mayor detalle para orientar decisiones municipales y comunitarias. Esa escala ofrece una visión del país, pero resulta insuficiente para decidir sobre una vivienda, un albergue o un camino específico. Segundo, que la información sea pública, se revise periódicamente y se actualice con los hallazgos de cada evento, al alcance del Sinaproc, de los municipios y de las comunidades, que conocen su territorio mejor que nadie. Tercero, inversión sostenida en ciencia, academia y tecnología: satélites, drones y sismógrafos, pero sobre todo personal formado para interpretar lo que esos equipos registran y convertirlo en medidas de protección.
La reconstrucción que comienza ahora es una oportunidad. Si se levanta sobre los mismos lugares y con los mismos criterios, el próximo sismo encontrará las mismas debilidades. Un mapa no detiene un terremoto, pero puede ayudarnos a decidir dónde no construir, a quién evacuar primero y cómo llegar a tiempo. Panamá ya aprendió que no está a salvo; ahora le toca aprender a anticiparse.
El autor es cartógrafo.
