El señor presidente se dio gusto esta semana. Su odio a este medio no lo disimula, algo que debo elogiarle porque es de las poquísimas cosas en la que es sincero, sin hipocresías. Dice que fue encarcelado gracias a tres periodicazos de La Prensa. Bueno, le recuerdo que también hubo “periodicazos” por el caso Odebrecht, por el New Business, y, en efecto, en su propio caso, Finmeccanica, en el que salió librado por tecnicismos legales, obtenidos por abogados que hoy ostentan u ostentarán cargos de primera orden. Tengo que admitir que cuando se trata de él, el señor presidente no se mide en agradecimiento ni generosidad.
Pero debería darle el crédito al expresidente Varela por el tema de la “procuraduría paralela”, como él lo llama. Y, contrario a lo que él pensaría, yo sí estoy de acuerdo en crear una institución que vele por los intereses y bienes del Estado. Y lo que él dijo es cierto: las instituciones del Estado no tienen abogados penalistas, es decir, profesionales especializados en llevar y constituir denuncias, demandas y querellas para perseguir la corrupción. Y eso es, precisamente lo que hizo Varela, pero Mulino ahora quiere hacernos ver que no es lo mismo. Pero, sí es lo mismo.
La única diferencia es que Varela contrató a un bufete y Mulino ha creado una Unidad de Asuntos Legales, pero que hará exactamente lo mismo. En lo que difiero es que, para crear esta oficina con ese perfil, no basta un decreto. Debería ser mediante ley y, además, adecuarla a las exigencias de la Constitución. También difiero en que solo sea para los fines esbozados en el decreto que la creó. Pienso que debería defender al Estado en arbitrajes, demandas o cosas similares. Lo que no sé es su fin ulterior –que seguro lo tiene–, porque a simple vista veo una cosa improvisada, desprovista de respaldo legal y, por tanto, mal hecha, incapaz de resistir una demanda de inconstitucionalidad, lo cual sería una gran ironía: una Unidad de Asuntos Legales que desaparecería por ilegal.
Cierto es que hay instituciones con mandatos legales y constitucionales que pueden hacer el trabajo de esa Unidad de Asuntos Legales, pero en la práctica nadie o unos cuantos hacen muy poco por el Estado y su patrimonio. Para simplificar las cosas, el presidente pudo haber enviado a la Asamblea Nacional un proyecto para modificar leyes existentes, a fin de que hacer específicas las funciones y echar el carro a andar. Pero no lo hizo, creó esta Unidad en un ministerio que ni siquiera puede hacer que funcione la oficina de correos (y telégrafos), algo que ya ni existe.
Y por si fuera poco, esa oficina será dependencia de un ministerio que ni siquiera maneja la titular del cargo, sino un individuo que lo hace debajo de la mesa, porque no puede sacar su cara al sol, ya que no puede explicar su repentina riqueza –solo que Odebrecht se la haya “regalado”–, por lo que ese individuo está en líos legales hasta las narices. Entonces lo que tenemos es una dudosa e improvisada oficina que manejará un sinvergüenza. Por donde se mire (o huela) algo está podrido en esa nueva oficina.
Y si a esta sopa le agregamos los nuevos superpoderes del contralor (secuestro de bienes, etc.), entonces tenemos un Órgano Judicial paralelo. Solo faltaría que el Ejecutivo se invente una oficina para dictar sentencias. En consecuencia, vivimos (o sufrimos) una transformación democrática, pero sin reforma constitucional, que cada vez más se parece a la “democracia” de los generales del pasado, y que lleva adelante –parafraseando al señor presidente– la recua de funcionarios que él personalmente dirige.
