Toda reforma electoral debería responder a una sola pregunta: ¿esto le da más poder al ciudadano o a los políticos? Las reformas que hoy avanzan en la Asamblea Nacional responden con descaro. No se escribieron para el ciudadano; se cosieron a la medida de quienes ya están adentro y no quieren salir.

Basta leer algunos artículos para entenderlo.

El artículo 14 cambia las reglas para los funcionarios que quieran ser candidatos. Hasta hoy, si ocupas la Secretaría o la Subsecretaría General de la Asamblea Nacional y aspiras a un cargo de elección popular, debes renunciar. Es una regla elemental: quien administra la institución no puede usarla como plataforma de campaña. Con la modificación, esa obligación desaparece. Las normas generales no deberían tener nombre y apellido, pero esta los tiene: la actual subsecretaria general es Fátima Agrazal. Que cada panameño saque sus propias conclusiones.

El artículo 73 va aún más lejos. Permite que una persona que gane dos cargos de elección popular conserve ambos: ejerce uno primero y luego puede regresar al otro. Estamos hablando de dos posiciones desde las que se decide sobre recursos públicos y asuntos de interés colectivo. El ciudadano vota para que alguien lo represente, no para que guarde una curul de reserva mientras prueba suerte en otra. Esto no tiene otro nombre: es una sinvergüenzura.

El artículo 452, sobre los circuitos plurinominales, esconde su verdadero propósito detrás de una frase noble: dice que los partidos que obtengan dos o más curules por cociente no podrán competir por medio cociente ni por residuo, «con el propósito de garantizar la representación y el derecho de las minorías». Veamos lo que significa en la práctica. En un circuito como San Miguelito, que elegiría seis diputados, una fuerza política que obtenga dos cocientes y medio, es decir, votos suficientes para una tercera curul, solo se llevará dos. Los votos que le sobran a la opción preferida por los electores se botan, y esa curul pasa a manos de quien obtuvo menos votos. No es protección de minorías: es protección de quienes saben que no pueden ganar por cociente y que desde hace años llegan a la Asamblea por el residuo.

Y si la fuerza más votada es una lista de libre postulación, el castigo es mayor, porque el mismo artículo obliga a cada candidato independiente a alcanzar el cociente por sí solo, sin poder sumar los votos de sus compañeros, algo que a los candidatos de partido sí se les permite. Dos reglas distintas para competir por la misma curul, en la misma boleta. Es una norma diseñada para que, gane quien gane en las urnas, los de siempre conserven su puesto.

En San Miguelito no hace falta adivinar a quién beneficia: en 2024, mientras los electores respaldaban de forma masiva una opción distinta, Raúl Pineda conservó su curul gracias al medio cociente y al residuo. Con esta norma, ese salvavidas deja de ser una casualidad y se convierte en una garantía.

A eso se suma el aumento del porcentaje exigido para inscribir nuevos partidos políticos, que pasaría del 2% al 3%. Quienes ya están dentro suben el muro para que nadie más entre, aunque varios de los partidos existentes ni siquiera alcanzan hoy el porcentaje que ahora les exigirían a los nuevos. Las reglas son duras para los que vienen y blandas para los que ya están. Cuando se cierra a la vez la vía independiente y la vía de nuevos partidos, al ciudadano que quiere participar no le queda ninguna puerta abierta, salvo la de pedir permiso a los mismos de siempre.

Y luego está el mapa. En la reorganización de circuitos, Bocas del Toro, que hasta hoy elegía dos diputados en un solo circuito provincial, se divide en dos circuitos de un solo diputado cada uno. Parece un ajuste técnico, pero no lo es: en un circuito de dos curules, una fuerza distinta tiene oportunidad de ganar un escaño; en dos circuitos uninominales, quien domina el territorio puede quedarse con todo. Bocas del Toro es, desde hace décadas, el bastión político de Benicio Robinson. El Tribunal Electoral presentó la propuesta; la Asamblea la aprobó en primer debate sin cambiar una coma. No hace falta ser adivino para entender a quién beneficia.

Una democracia no se mide solo por la existencia de elecciones, sino por la honestidad de sus reglas. Cuando quienes compiten escriben las normas para garantizar su propia permanencia, la elección deja de ser una competencia y se convierte en un trámite. No hay democracia cuando las leyes se diseñan para proteger la perpetuidad y los intereses particulares de unos pocos.

Las reformas electorales deberían abrir la puerta a nuevos liderazgos, no cerrarla con llave desde adentro. Todavía hay tiempo de corregir. La pregunta es si los diputados votarán pensando en la verdadera democracia ciudadana o en la próxima reelección.

El autor es diputado de la coalición Vamos en circuito 8-4, período 2024-2029.