El 9 de julio de 2025 quedará marcado en la historia de nuestro país como un día de triunfo: el día en que se logró la exclusión de Panamá de la lista de países no cooperadores de la Unión Europea.
Esta noticia, que ocupará los titulares de los medios en los próximos días, es el resultado de una larga lucha que nuestro país ha librado durante más de 30 años para eliminar el pesado mote de paraíso fiscal y de país no cooperador en la prevención del lavado de dinero. No solo por parte de la Unión Europea, sino también de otros bloques y organismos internacionales, como el Mercosur, el GAFI y la OCDE.
Curiosamente, en el imaginario público persiste la percepción de que ese calificativo es merecido, producto de una persistente y prolongada campaña de desprestigio y desinformación en contra de Panamá.
Sin embargo, es importante destacar el trabajo que se ha realizado desde el año 2000 en materia de prevención del lavado de dinero. Fue entonces cuando se implementaron las primeras normas aplicables al sector bancario, en una época en la que este concepto apenas comenzaba a desarrollarse a nivel global y cuando la mayoría de las naciones se resistían a solicitar o compartir información de sus clientes.
Desde entonces, el camino ha sido tormentoso, costoso y exigente. Ha requerido la creación de comisiones de alto nivel, la inclusión de sectores no tradicionales como sujetos obligados no financieros y la implementación de normas estrictas para cumplir con los estándares internacionales.
Hacer negocios en Panamá hoy exige a los usuarios de nuestra plataforma de servicios internacionales absoluta transparencia: deben revelar a abogados, contadores, corredores de bienes raíces, aseguradoras y, por supuesto, bancos, la información relacionada con sus accionistas, socios, el origen y destino de los fondos, así como mantener actualizados sus perfiles financieros y transaccionales, tanto a nivel individual como corporativo.
Estos mismos profesionales han fortalecido sus políticas internas de prevención, capacitándose en las normas nacionales y adoptando buenas prácticas internacionales. Se avanza así hacia una cultura de cumplimiento en la que todos los sujetos obligados incorporan estas medidas en su quehacer cotidiano.
Aplaudo este importante logro de nuestro país, reconociendo que el trabajo continúa. El verdadero reto ahora es mantenernos fuera de las listas, consolidando los avances alcanzados.
La autora es directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Santa María la Antigua.
