Una delegación de diputados panameños viajará a Taiwán entre el 21 y el 30 de noviembre. Según el comunicado del diputado Eduardo Gaitán, el propósito es “explorar oportunidades comerciales, de cooperación y de inversión” que beneficien al país, en particular a su distrito, San Miguelito. La afirmación podría parecer noble, de no ser por un detalle sustancial: la política exterior, así como la conducción de la diplomacia y la firma de acuerdos internacionales, no es función del Legislativo, sino del Ejecutivo.
El propio presidente de la República, José Raúl Mulino, fue claro en su postura. A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), sentenció: “Ante informes de eventuales viajes de funcionarios del Órgano Legislativo a Taiwán, tales viajes no gozan del apoyo ni aprobación de mi gobierno”. Más allá del contenido del viaje, la declaración presidencial remite a un principio constitucional básico: la representación internacional del Estado panameño recae exclusivamente en el Ejecutivo, a través de sus ministros, embajadores y representantes autorizados.
La separación de funciones entre los órganos del Estado no es un mero formalismo jurídico; es una garantía institucional. Cuando los diputados actúan fuera de su marco de competencia, especialmente en terrenos sensibles como la política exterior, se corre el riesgo de enviar señales diplomáticas contradictorias, debilitando la coherencia del país ante la comunidad internacional. Esto es especialmente grave en el caso de Taiwán, dado que Panamá rompió relaciones oficiales con dicha isla en 2017 al reconocer a la República Popular China. Esa decisión, aunque cuestionada en su momento, trazó una línea diplomática que ningún órgano del Estado debería cruzar de manera informal.
Cabe entonces preguntarse: ¿qué utilidad práctica tendrá este viaje para el ciudadano común? ¿Con qué mecanismos contará esta delegación legislativa para convertir sus “exploraciones” en acuerdos concretos? ¿Podrán traer de vuelta una política eficaz para la recolección de basura en San Miguelito, uno de los problemas más urgentes del distrito que supuestamente los impulsa a viajar? La respuesta es evidente: no. Lo más probable es que este periplo no tenga mayor repercusión, ni para la diplomacia nacional ni para las condiciones de vida de los panameños.
Resulta preocupante observar cómo ciertos sectores del Legislativo incurren, una vez más, en prácticas desconectadas de las necesidades reales del país. No se trata de negar la importancia de las relaciones internacionales, sino de respetar los canales y competencias que la Constitución establece. Si cada órgano del Estado se arroga funciones ajenas, lo que se genera es desorden institucional y desconfianza ciudadana.
En un contexto económico incierto, con una deuda pública creciente y necesidades urgentes en salud, educación y servicios públicos, estos viajes parecen más una distracción que una solución. Y si al final del periodo legislativo todo sigue igual —con promesas olvidadas y escobas de propaganda desaparecidas— el ciudadano sabrá quién viajó, a dónde fue y, sobre todo, para qué sirvió.
El autor es administrador industrial.
