En nuestro país, desde la aprobación del Decreto Ley 35 de 1966 (sobre el uso del agua), se estableció que el Ministerio de Trabajo, Prevención Social y Salud Pública, en la actualidad Ministerio de Salud (Minsa), era la entidad responsable de cuanto atañe a la salubridad e higiene de las aguas y que al Instituto de Acueductos y Alcantarillados (Idaan) le correspondía todo lo relativo a los acueductos públicos rurales y urbanos, pero que todos los proyectos de acueductos públicos deberían ser aprobados por la Comisión de Agua, la cual funciono en la práctica hasta los años 1980.
En la actualidad, las responsabilidades de los principales actores del subsector son definidas en el Decreto Ley 2 de 1997, que es el marco regulatorio de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, y donde se establece claramente a quién le corresponde las funciones de ente rector, prestador y regulador de los servicios. El objetivo principal de esta ley es separar dichos roles, que eran desempeñados solamente por el Idaan, situación que lo convertía en juez y parte de su labor. Es así como el Idaan pasó a ser el principal prestador del servicio a nivel nacional, el ente regulador de los servicios públicos, hoy conocido como la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep), el fiscalizador y regulador de los servicios prestados por parte del Idaan y otros prestadores del país y el Minsa debe establecer las funciones de formulación y coordinación de las políticas en el subsector de agua potable y alcantarillado sanitario como ente rector del subsector.
Consideramos que desde hace 25 años, cuando fue emitido el Decreto Ley 2, los actores no han logrado desempeñar sus roles en su totalidad al darse una lucha de poderes entre instituciones gubernamentales debilitadas y un Decreto Ley 2 con vacíos legales que debe reglamentarse para darle fuerza al espíritu de este. En el año 2005 se emitió un borrador de reglamentación para el Decreto Ley 2; sin embargo, el gobierno entrante lo engavetó y desde esa fecha ninguno de los gobiernos de turno ha tenido la visión de fortalecer la gobernanza del subsector y su enfoque; siempre ha sido proponer diferentes anteproyectos de ley que contradicen las funciones de los actores con el espíritu de darle más fuerza y autonomía verdadera a un Idaan hoy debilitado, ya que en la práctica, la intromisión política no lo deja funcionar con la suficiente autonomía y con una tarifa que no ha cambiado en 34 años, ante el aumento de costos operativos cada año. La restructuración tarifaria ha sido y sigue siendo una decisión política y ningún gobierno de turno ha tomado esta decisión que contribuiría a fortalecer un presupuesto de funcionamiento y reducir la brecha que crece cada año entre lo facturado y lo gastado.
Es lamentable que en estos últimos 21 años , Panamá no ha tenido un avance en materia normativa y legal que busque poner orden , ante los vacíos y desacuerdos de los actores que participan en el subsector, ya que tenemos a un Minsa que no dicta las políticas y normativas necesarias y muy poca participación en la implementación y cumplimiento de las normas de calidad del agua potable, al igual que una Asep muy debilitada en sus funciones de fiscalizador de la calidad de los servicios que brindan los prestadores del servicio en el país y un área rural que no cuenta con regulación del servicio actualmente, y a un Idaan que se trató de darle fuerza con una nueva ley orgánica en el 2001, que no ha cumplido su objetivo y, lo que es peor, continua ejerciendo roles de planificador de inversiones , rector y un prestador que emite normas donde sigue siendo el juez y parte, con un funcionamiento que para muchos es “ineficiente”, a pesar de todo lo que hace y no contar con los recursos necesarios para su buen funcionamiento.
Esperemos que el gobierno entrante pueda ver esta situación y logre tener una visión de nación y fortalecer nuestra gobernanza paralela a la transformación del Idaan, que se viene dando a través del proyecto de asistencia técnica desde junio 2021 y que tiene como objetivo mejorar la función del Idaan como “prestador”, cumpliendo con las metas de calidad de servicio a corto y mediano plazo y lograr la optimización de los sistemas y la reducción del agua no contabilizada.
No se debe perder de vista que para fortalecer nuestra gobernanza en el subsector debe existir un ente rector empoderado que dictamine políticas públicas claras y ejerza y coordine la planificación de inversiones de todos los actores del subsector, lo que permitirá dar una respuesta a otros subsectores del país como el desarrollo urbano, a la vez que se establece un ordenamiento territorial. De igual forma debe definirse si el Idaan seguirá administrando servicios de carros cisterna que no necesariamente le obliga su ley orgánica, en materia de responsabilidad de población servida, ante la aparición de asentamientos espontáneos que no son clientes del Idaan y lo distrae de sus funciones principales.
Esperamos que el Estado visualice que tiene una deuda con la población panameña desde hace más de 25 años, al no tomar las decisiones necesarias en el subsector y por no planificar coordinadamente en materia de servicios públicos en general. Algo similar nos está ocurriendo en el manejo de los desechos sólidos (basura) y volvemos a lo mismo: quién dictamina las políticas públicas, quién regula y pone orden y cómo y cuándo ejecutar las inversiones necesarias, ante un servicio notablemente deficiente.
El autor es consultor hidráulico sanitario y ambiental
