La economía de América Latina y el Caribe atraviesa una nueva etapa de desaceleración generalizada, síntoma de un decenio marcado por el bajo crecimiento. Entre 2016 y 2025, el producto interno bruto regional habrá aumentado en promedio apenas 1,2%, una cifra incluso inferior a la de los años ochenta. Así lo señala el más reciente Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2025, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La CEPAL proyecta que la región crecerá 2,2% en 2025 y 2,3% en 2026. Esta senda de bajo crecimiento responde a una combinación de factores internos y externos. Entre los primeros destacan las desigualdades estructurales, el escaso crecimiento del empleo, la alta informalidad, el estancamiento de la inversión y la caída del consumo interno. Del lado externo, pesan la debilidad de la demanda mundial y las condiciones financieras restrictivas. A ello se suma la desaceleración del consumo privado, que ha tenido un impacto directo en la actividad económica. Persisten, además, las brechas de género, la baja participación laboral de las mujeres y la limitada cobertura de la protección social, factores que profundizan la fragilidad del crecimiento regional.
A nivel subregional, las proyecciones muestran una marcada dispersión. América del Sur crecería 2,7% en 2025 y 2,4% en 2026, mientras que Centroamérica y México apenas alcanzarían 1,0% y 1,7%, afectados principalmente por la desaceleración de la economía estadounidense. En el caso del Caribe (sin incluir Guyana), las cifras serían de 1,8% en 2025 y 1,7% en 2026. Estas variaciones reflejan la diversidad de condiciones internas y externas que enfrenta cada país.
El informe advierte sobre la alta dependencia regional de la inversión extranjera directa y del endeudamiento externo, factores que obligan a corregir los desequilibrios externos mediante ajustes internos de alto costo. A ello se añade la complejidad del escenario global en 2025, caracterizado por un crecimiento moderado, la ralentización de las economías de Estados Unidos y Europa, el menor dinamismo de China y el incremento de las tensiones geopolíticas, el proteccionismo y los cambios profundos en las cadenas de suministro.
Ante este panorama, la CEPAL advierte que los gobiernos deben movilizar recursos financieros para el desarrollo, con el fin de evitar una nueva década perdida. Solo así podría estabilizarse la macroeconomía y responder a los desafíos estructurales no resueltos. La movilización de recursos debe orientarse en tres áreas clave.
En primer lugar, los desafíos fiscales y estructurales exigen redefinir la política tributaria mediante el fortalecimiento de instrumentos que consideren las presiones sobre el gasto público, los niveles de ingreso insuficientes y la débil capacidad institucional. La estrategia central se enfoca en el papel del Estado como promotor del crecimiento y del cambio estructural, a través de una política fiscal transformadora que asegure la sostenibilidad financiera de los sistemas de protección social.
En segundo lugar, respecto a la movilización de recursos para la transformación productiva sostenible, se requiere acceder a financiamiento asequible y contracíclico, tanto nacional como externo, que permita hacer frente a los choques sin poner en riesgo el financiamiento de los objetivos de desarrollo.
Finalmente, dado que las instituciones financieras creadas tras la Segunda Guerra Mundial no han cumplido plenamente con sus objetivos fundacionales ni han mostrado capacidad para respaldar una movilización de financiamiento estable y de largo plazo, la CEPAL propone una reforma profunda de la arquitectura financiera internacional, con nuevas reglas de operación e instituciones más eficaces.
En este punto, dos aspectos merecen especial atención: primero, el aumento del endeudamiento y el alto costo del financiamiento; y segundo, el rol de la banca de desarrollo como instrumento fundamental para el desarrollo productivo y social.
Frente a esta trampa de bajo crecimiento, América Latina y el Caribe se enfrentan a múltiples encrucijadas: una población que envejece rápidamente, lo que genera mayores presiones sobre los sistemas de salud, pensiones y cuidados; la crisis climática, que exige inversiones urgentes; y las profundas desigualdades sociales aún sin resolver.
A este panorama se suman las nuevas medidas arancelarias anunciadas por el Gobierno de Estados Unidos hacia otras naciones. Este paquete transformará, sin duda, las condiciones del comercio internacional, con impactos inmediatos en la región y en la propia economía norteamericana, aunque de manera diferenciada. Sin embargo, para América Latina podría representar una oportunidad: fortalecer el escaso comercio intrarregional y buscar nuevos mercados más allá del norteamericano, en el marco de un multilateralismo renovado y más inclusivo.
La autora es doctora en Economía Política del Desarrollo por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
