Panamá tiene un enorme potencial turístico. Tenemos conectividad aérea, dos océanos, playas, montañas, naturaleza, cultura, un Canal conocido mundialmente y una infraestructura bastante desarrollada. El reto es convertir todas esas ventajas en más inversión, empleos y desarrollo, especialmente fuera de la Ciudad de Panamá.
La nueva Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico que se discute en la Asamblea Nacional busca precisamente modernizar el sistema actual y reemplazar el esquema de la Ley 80 de 2012.
La propuesta unifica varias normas existentes y plantea reglas más claras sobre qué tipo de inversiones se quieren incentivar, dónde se quieren desarrollar y qué controles deben existir. El proyecto fue aprobado previamente por el Consejo de Gabinete y presentado a la Asamblea en septiembre de 2026.
Uno de sus aspectos más interesantes es que los incentivos no serán iguales para todo el país. La idea es ofrecer mayores beneficios en aquellas regiones donde existe una mayor necesidad de inversión y donde un proyecto turístico puede tener un impacto mucho mayor en la economía local. La propia propuesta menciona especialmente zonas con una brecha de desarrollo más grande, incluyendo el Caribe panameño.
Esto me parece importante porque durante muchos años una parte muy grande de la inversión se ha concentrado en la capital. Tenemos lugares extraordinarios en el interior que todavía necesitan hoteles, pequeños proyectos turísticos, restaurantes, marinas y nuevas actividades que permitan al visitante quedarse varios días y gastar dinero dentro de esas comunidades.
La propuesta también amplía el concepto de qué queremos incentivar. Ya no se trata solamente de construir hoteles. Se incluyen áreas con gran potencial como el turismo náutico, reuniones y convenciones, ecoturismo, naturaleza y turismo cultural. También se contempla la modernización de establecimientos existentes. Estos cambios están entre los puntos centrales del proyecto presentado.
Pero los incentivos tienen que venir acompañados de controles. No tiene sentido otorgar un beneficio fiscal si al final no produce inversión real, empleo o un nuevo producto turístico. La propuesta incorpora fiscalizaciones, fianzas de cumplimiento, trazabilidad de bienes exonerados, evaluación de costo-beneficio y una Ventanilla Única Turística para reducir trámites y dar mayor claridad al inversionista.
El inversionista necesita saber cuáles son las reglas antes de poner su dinero, pero el Estado también debe saber qué recibe el país a cambio de los incentivos.
Dentro del proyecto hay otro tema que ha llamado mucho la atención: el ITBMS de 15% para los alquileres turísticos de corta duración, incluyendo los ofrecidos directamente o mediante plataformas digitales.
No se trata de favorecer a los hoteles ni de perjudicar a Airbnb o a las personas que han invertido en apartamentos para alquiler vacacional. Hay espacio para ambos modelos. Un hotel, sin embargo, tiene una estructura de costos considerable. Genera empleos formales y tiene obligaciones de prestaciones laborales, mantiene personal las 24 horas, seguridad, recepción, mantenimiento y numerosos servicios. También opera con tarifas comerciales de servicios públicos, paga permisos y tasas y está sujeto a fiscalización por diferentes instituciones.
A esto se suma algo todavía más importante, que es la seguridad del huésped. Los hoteles requieren inversiones importantes en sofisticados sistemas de alarmas contra incendios, cámaras de vigilancia por doquier y otros equipos que forman parte del llamado life safety. Todo esto aumenta considerablemente tanto la inversión inicial como el costo diario de operación.
Por eso considero razonable que exista una diferencia tributaria para los alquileres turísticos que no cargan con toda esa estructura. El 15% no debe verse como un castigo a Airbnb, sino como una forma de reducir una ventaja competitiva que de otra manera sería difícil de justificar.
Lo importante es que existan reglas claras y, si ese apartamento está compitiendo directamente con un hotel por el mismo turista, también debe contribuir de manera adecuada al Estado. La nueva ley tiene la oportunidad de ordenar mejor este mercado.
Lo que no debe existir es una competencia donde uno tenga importantes obligaciones de inversión, seguridad, personal e impuestos y el otro pueda ofrecer prácticamente el mismo servicio con cargas mucho menores.
Pero no debemos perder de vista lo principal. La verdadera oportunidad de esta nueva ley está en utilizar los incentivos para llevar inversión turística a regiones que todavía tienen un enorme potencial por desarrollar. Si logramos convertir nuestros atractivos naturales y culturales en proyectos y oportunidades para las comunidades, estaremos utilizando los incentivos para lo que realmente deben servir, que es hacer crecer el turismo y extender sus beneficios a todo Panamá.
El autor es promotor de proyectos e inversionista en la industria hotelera.
