Recientemente, en Chile se constituyó la Comisión Verdad y Niñez, un organismo creado para investigar violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes bajo la custodia del Estado o en albergues privados. Esta Comisión cuenta con una Secretaría Ejecutiva ubicada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el cual está encargado de brindar apoyo técnico y logístico a los comisionados. Fue decretada por el Presidente a finales de 2024 y entró en funciones en 2025. Su nombre oficial es “Comisión Asesora Presidencial para el esclarecimiento de la verdad sobre violaciones a los Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes bajo la custodia del Sename o en sistemas de cuidados alternativos privados”. Está conformada por especialistas en psicología, derecho y educación, quienes investigan casos ocurridos en hogares de acogida.
La Comisión busca escuchar y reconocer a niños y adolescentes que sufrieron maltrato o falta de cuidado en instituciones estatales, con el fin de proponer medidas de reparación y prevención al Presidente. Por años, quienes estuvieron en centros del Sename u otros sistemas estatales enfrentaron violencia, abandono y vulneración de derechos humanos, según la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual garantiza protección, buen trato, participación, vida familiar, educación, salud y afecto. Diversas instituciones chilenas y organismos internacionales —como el Comité de Derechos del Niño de la ONU— solicitaron que Chile investigara los hechos ocurridos en centros del Sename y otros sistemas estatales entre 1979 y 2021. Así se creó esta Comisión con las siguientes tareas principales: escuchar testimonios de víctimas y sobrevivientes, investigar los acontecimientos, reconocer públicamente a las víctimas, proponer medidas de reparación y sugerir cambios legales para evitar futuras violaciones de derechos. El trabajo incluye diseñar protocolos, recopilar información, analizar hallazgos y entregar al Presidente recomendaciones para la reparación integral y garantías de no repetición.
La Comisión reconoce como víctimas a quienes sufrieron violaciones de derechos humanos, incluyendo abuso eclesiástico y violencia institucional, ocurridas en programas residenciales o centros para infractores administrados por el Servicio Nacional de Menores (SENAME), Gendarmería u organismos privados entre 1979 y 2021. No actúa como tribunal, por lo que las funciones jurisdiccionales siguen siendo competencia de los Tribunales de Justicia y otras instituciones competentes. Si detecta posibles delitos, la Comisión remitirá los antecedentes a la autoridad correspondiente, aunque puede pronunciarse sobre la calidad de víctima, siempre que los hechos hayan ocurrido hasta 2021. Las recomendaciones al Presidente sobre reparaciones y garantías de no repetición se elaborarán a partir de testimonios de víctimas, participación de agrupaciones y conocimientos previos de organizaciones especializadas. Se propone un enfoque integral, considerando dimensiones materiales, simbólicas, individuales y colectivas. El mandato abarca a todas las entidades privadas que colaboran con el Estado, incluidas aquellas de carácter religioso. En caso de existir situaciones de abuso eclesiástico contra menores bajo tutela del Sename, la Comisión tiene la facultad de abordar dichos hechos.
En Panamá, el escándalo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) salió a la luz en 2020 gracias a reportajes que revelaron irregularidades en albergues supervisados por la entidad, denuncias ignoradas y menores durmiendo en exteriores. Un informe de la Asamblea Nacional, de febrero de 2021, documentó abusos sexuales y malos tratos a decenas de menores desde 2015, lo que provocó la reubicación de casi medio centenar de niños bajo medidas especiales de protección. En agosto de 2023, la justicia panameña condenó a dos exfuncionarias por maltrato agravado a niños y adolescentes en albergues durante marzo y agosto de 2020. Para comienzos de 2022, al menos cinco personas fueron sentenciadas: tres por delitos sexuales y dos por maltrato al menor.
La respuesta chilena adopta un abordaje más sistémico y de largo plazo, en comparación con Panamá, al recopilar cientos de relatos, evaluar responsabilidades institucionales y proponer reformas estructurales y de política pública para garantizar la no repetición y una reparación integral. En contraste, Panamá se enfocó en investigar y juzgar casos concretos, con procesos penales y sanciones limitadas a los responsables inmediatos, sin crear una instancia dedicada a la verdad histórica o la reparación colectiva. En Panamá deberíamos aprender de la experiencia chilena y avanzar hacia una comisión similar que, además de perseguir responsabilidades penales, reconozca públicamente a las víctimas, dimensione el alcance institucional de las violaciones y formule propuestas integrales de reparación y prevención. No debemos repetir esta historia.
El autor abogado, docente, y Doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos.
