Cuando escucho a la gente quejarse de que el Estado no tiene la voluntad de hacer esto o aquello, sugiero modificar la fórmula: no se trata de no tener voluntad. El Gobierno siempre debe y tiene la voluntad, pues tiene el poder. Lo que ocurre es que tiene la voluntad de no hacer. Si invertimos la fórmula nos damos cuenta de que no se trata de ignorancia o de impedimentos de cualquier naturaleza, sino la intencionalidad real de no actuar en la dirección que esperamos que actúe. El mejor contraste de esta fórmula es cuando sumamos los muchos casos en que el Estado acelera las decisiones para ejecutar determinadas acciones que interesan a los grupos de poder o grupos de interés.
Cuando hay voluntad específica dirigida a que se cumplan determinados objetivos, ello determina que se tomen las decisiones pertinentes. Cuando no se quiere tomar una decisión, por las implicaciones que pueden afectar otros intereses, entonces se crean las barreras necesarias que se presentan como factores externos a la capacidad del Estado. Nada de esto es verdad. Nada más recordar la famosa ley chorizo y las muchas que se han aprobado de manera fraudulenta (la más reciente, la ley de indultos), se revela con claridad que aquellas leyes que se dilatan en las bandejas de los despachos oficiales y que por intención se retrasan hasta convertirse en polvo de cucarachas, porque se espera que el tiempo actúe como el viento que dispersa las mejores intenciones en el olvido.
En una estructura de poder como el Estado, se convocan los agentes cuyos intereses convergen para asumir el derecho de decidir, (el partido político) obviamente mediante el recurso del dinero, pero también el que arrastra tras de sí la mayor plataforma social que lo respalda.
Se divide así el control de las instituciones estatales, aquellas que rinden mayor beneficio en el control de los recursos de la sociedad y del Estado, y se delegan a los segmentos menos fuertes aquellas instituciones que desde el punto de vista de esos intereses rinden menos réditos, especialmente si en la cultura de la sociedad se comparten los mismos valores. No se trata entonces de seguir los mandamientos de la lógica de un buen gobierno para la sociedad, que es el paradigma con el cual se construyen los discursos para llegar al poder, sino precisamente de manipular el sistema de tal manera que se logren los objetivos sin provocar el descontento o la reacción de rechazo. En esto nuestros estamentos políticos han sido efectivos, porque su mecanismo más poderoso ha sido el clientelismo, construido sobre los fundamentos de la pobreza. La cultura de la pobreza se proyecta entonces como un recurso que genera dependencia, vulnerabilidad, que se alimenta intencionalmente porque favorece el control social, que condiciona la aceptación de justificaciones como la falta de voluntad cuando algo no se logra por los que están en el poder.
De manera que mejor pensemos que cuando algo no se hace, no es porque no se conoce o porque no hay voluntad, sino porque hay voluntad de no hacer. Voluntad que se convierte en un muro de silencio cuando se quiere, o en un foso sin puente que evita que el castillo sea alcanzado por las propuestas de las mejores intenciones. Esta fórmula nos permite tener una actitud más clara frente al problema y una disposición de actuar en consecuencia. Cuando decimos que no hay voluntad, la persona con mando y jurisdicción desaparece de nuestro radar que identifica a los responsables de que algo no se haga. A menos que consideremos que es mejor pensar que lo difuso de la situación nos libera de asumir posiciones más consistentes frente al problema y nos refugiemos en la excusa de no poder actuar frente a la falta de voluntad. Entonces también somos parte del problema.
El autor es antropólogo