Para un niño, perder su escuela no significa únicamente quedarse sin un edificio. Significa perder una rutina, un espacio de convivencia y, muchas veces, uno de los pocos lugares donde encontraba seguridad, alimentación y oportunidades para construir un futuro distinto.

El terremoto del pasado 9 de octubre, con epicentro cercano a Tonosí, volvió a recordarnos que los desastres naturales no afectan a todos por igual. Sus consecuencias dependen también de las condiciones sociales, económicas e institucionales que existían antes de la emergencia. En materia educativa, esta realidad resulta preocupante para un país que todavía arrastra profundas desigualdades en el acceso y la calidad de los aprendizajes.

Según el estudio Volver al aula después del terremoto, elaborado por Jóvenes Unidos por la Educación (JUXLAE) y FUDESPA, las cifras preliminares registran 619 escuelas dañadas, 35 destruidas y más de 3,000 estudiantes sin aula. Detrás de estos números hay comunidades que enfrentan una doble incertidumbre: recuperar sus condiciones de vida y encontrar la manera de que sus hijos continúen estudiando. Es revelador que 20 de las escuelas destruidas se encuentren en Herrera, donde numerosos centros rurales y multigrado cumplen una función educativa y comunitaria difícilmente reemplazable.

Es un error interpretar esta crisis como un problema exclusivamente de infraestructura. Panamá ya enfrentaba una emergencia de aprendizajes mucho antes del terremoto. Los resultados de PISA 2022 situaron al país en la posición 74 de 81 participantes en matemáticas y evidenciaron dificultades estructurales que ninguna reconstrucción física resolverá por sí sola. El sismo no creó esas deficiencias, pero amenaza con profundizarlas entre quienes disponen de menos recursos para recuperarse.

La experiencia internacional ofrece una advertencia que merece atención: la mayor pérdida de aprendizaje se acumuló después, cuando los estudiantes regresaron a clases y debieron continuar con contenidos para los cuales no estaban preparados. Esto obliga a cuestionar una idea recurrente en nuestras respuestas institucionales: asumir que recuperar el calendario equivale a recuperar la educación.

¿De qué sirve anunciar la reapertura de un plantel si sus estudiantes continúan viviendo bajo lonas, sus familias carecen de ingresos o los caminos para llegar permanecen afectados? ¿Cómo exigir rendimiento académico a quien todavía enfrenta el temor de perder su hogar? La continuidad educativa requiere comprender que las condiciones para aprender no comienzan solo en el aula, sino también en el entorno familiar y comunitario.

El estudio plantea una recuperación progresiva que combina seguridad, acompañamiento emocional, flexibilidad académica y nivelación. La propuesta merece trascender y convertirse en una política pública verificable. Se necesitan diagnósticos transparentes de las instalaciones, espacios temporales adecuados, materiales educativos, transporte y mecanismos de seguimiento para los estudiantes en vulnerabilidad educativa.

La virtualidad no constituye una solución universal. En numerosas comunidades rurales, la conectividad continúa siendo limitada. Los dispositivos tecnológicos representan un privilegio. Pretender resolver una emergencia territorial mediante una respuesta uniforme podría terminar castigando justo a quienes necesitan mayor protección. Las alternativas semipresenciales, los módulos impresos y los espacios comunitarios seguros deben formar parte de una estrategia diferenciada.

Es importante comprender que los docentes también son afectados. No podemos exigirles que sostengan emocionalmente a sus estudiantes mientras ignoramos sus propias pérdidas y preocupaciones. El acompañamiento psicológico, la formación y el respaldo institucional deben alcanzar a la comunidad educativa.

A pocas semanas de finalizar el año escolar, surge una discusión inevitable: las evaluaciones, las calificaciones y las graduaciones. La respuesta no puede consistir en aprobar indiscriminadamente ni en penalizar a quienes sufrieron las consecuencias del terremoto. Se necesita una evaluación flexible, acompañada de mecanismos reales de recuperación de aprendizajes. La justicia educativa exige reconocer circunstancias diferentes sin renunciar a la calidad de la enseñanza.

El desafío tampoco termina en diciembre. El año escolar 2027 deberá contemplar acciones sostenidas de nivelación y reconstrucción, con presupuestos, responsables y resultados públicos. Sería lamentable que, superada la atención mediática, las comunidades afectadas quedaran huérfanas de soluciones.

Panamá tiene ante sí una decisión que trasciende la emergencia: reconstruir lo que el terremoto destruyó o aprovechar esta experiencia para corregir parte de lo que ya funcionaba deficientemente. Levantar paredes puede devolvernos una escuela; garantizar oportunidades exige mucho más. La verdadera recuperación comenzará cuando ningún estudiante tenga que pagar, con su futuro, las consecuencias de una tragedia que nunca eligió vivir.

El autor es miembro de Jóvenes Unidos por la Educación.