Uno de los principales problemas que enfrentan las democracias en la actualidad es el crecimiento desmesurado del Estado. Desde hace décadas, los Estados han ido adquiriendo funciones y roles que no les corresponden. Esto trae como consecuencia un aumento del intervencionismo estatal por parte de la clase política, así como un incremento de la corrupción.
Este intervencionismo excesivo e innecesario ha generado una pérdida de la calidad de vida de los ciudadanos debido al aumento de los precios, así como por la pérdida de calidad en los servicios públicos. La institucionalización del saqueo de sus ciudadanos, ya sea bien por un aumento de los impuestos para financiar ese intervencionismo o por la corrupción producto del excesivo tamaño del Estado, solo trae como consecuencia la ampliación de la desigualdad ante la ley, y la aparición de privilegios y beneficios para minorías (usualmente las clases políticas, sus familiares y allegados a estos grupos).
Todos estos males, Friedrich Hayek los advirtió y los analizó a profundidad, llegando a la conclusión que una pérdida de las instituciones tanto políticas como sociales, terminan deformando las democracias en lo que se conoce como la dictadura de las mayorías, convirtiendo así a los países en terreno fértil para las ideas colectivistas (socialismo, fascismo, progresismo, etc.)
Panamá, como otros países, no escapa de este mal. Desde la vuelta a la democracia en 1990, Panamá ha venido experimentando una caída de su libertad económica, producto de este crecimiento e intervencionismo estatal. Es así como en 1995 Panamá, según el Heritage Freedom Index, ocupaba una puntuación de 71.6, pero para el 2024 Panamá tuvo una puntuación de 64.1. Para verlo desde otra perspectiva, en 1995 Panamá tenía una puntuación mayor a Países Bajos (69.7), pero para 2024 Países Bajos tenía una puntuación de 77.
Esta pérdida de libertad económica es un resultado visible del crecimiento del Estado, que a su vez socava las instituciones trayendo como consecuencia desigualdad ante la ley, ausencia de protección a la propiedad, entre otros.
Prueba de ello, ha sido la caída en la Inversión Extranjera Directa que al 2024 representa una caída de 50% respecto a flujos de IED que se tenían en 2019, el incremento del desempleo (9.5%) y la informalidad (49.3%), el mayor déficit fiscal en 30 años (7%) y una deuda/PIB que supera el 60%. Esto es una muestra de cómo el crecimiento del Estado está perjudicando al panameño y con ello su nivel de bienestar.
El presidente no ha dejado de mencionar la urgencia de reducir el tamaño del Estado, lo cual es totalmente aplaudible. En todos sus discursos, siempre resalta la necesidad de reducir el Estado. Cuando recién asumió, en conversaciones con su homólogo Javier Milei, destacó la difícil tarea que tenía por delante: reducir el tamaño del Estado y fortalecer las instituciones.
Pero nuevamente la realidad nos demuestra que esto es más discursos que acciones. Hasta el día de hoy no se ha eliminado ninguna autoridad, ministerio o dirección del Estado. Por otro lado, el presidente ha dicho que el Estado se prepara para gastar 350 millones de dólares en gasto público para “dinamizar” la economía y generar 10,000 puestos de trabajo. Esto no es más de lo mismo de todos los que ya han pasado por la presidencia anteriormente. Más gasto público, más privilegios, más burocracia y más Estado.
La realidad es que eliminar los privilegios y beneficios de una minoría que vive a costa del Estado y del saqueo de una parte de la sociedad vía impuesto, gasto público y deuda, no se elimina con voluntad, se elimina con principios claros y sólidos sobre el entendimiento del Estado.
Nadie en este país, por más defensor de la democracia y luchador contra la corrupción, estará dispuesto a ir contra el poder político y los grupos de presión que viven del Estado. No hay actualmente persona que desee reducir el tamaño del Estado, si directa o indirectamente se beneficia de él.
El autor es miembro de la Fundación Libertad.
