Siempre he pensado que los panameños seríamos más felices si no existiera la Asamblea Nacional. Obviamente, esto a primera instancia parecería utópico, y más aún tomando en cuenta que el poder legislativo es uno de los tres órganos del Estado panameño, que junto al poder ejecutivo y judicial deben trabajar, según nuestra Constitución Política, en armónica colaboración. Eso es en la teoría, pero a lo largo del tiempo nos hemos percatado de que esto dista mucho de la realidad y de que estos tres poderes se vuelven diariamente más conflictivos en la vida política del país. Pareciera que cada uno compite para ver quién nos avergüenza más y quién nos hace la vida más difícil. Y si pudiéramos elegir cuál de los tres es un bochorno para Panamá, la decisión sería muy estrecha.
Cada vez es más decepcionante y frustrante ver la actuación de nuestra Asamblea de Diputados. El último gran escándalo de los hijastros de la patria no deja dudas de los altos niveles de corrupción y juega vivo que se respiran en todo lo que tiene que ver con ellos. Para nadie es un secreto que esta Asamblea está llena de garrafones y botellas, que solamente ocasionan un daño irreparable al erario público. Y debo confesar que, aunque no soy admirador de nada que huela a PRD, debo aplaudir las intenciones del contralor, que en un acto de determinación ha buscado, y espero que no claudique, en ponerle por fin el cascabel al gato. Que los nuevos batallones, que ahora defienden lo que antes criticaban, no lo alejen del objetivo de adecentar este palacio legislativo, que está repleto de cuestionamientos.
Diputados vienen y van, pero la práctica de colocar a partidarios, hermanos, primos, abuelos, tíos y hasta al gato de la casa en la planilla de la Asamblea debe terminar. Los altísimos salarios que perciben estas botellas muchas veces superan con creces el salario promedio de un panameño de clase media. Esto no puede ser. ¿Quién determina que el salario de un conductor de la Asamblea supere los mil quinientos dólares mensuales? Y no solo los conductores deben ser materia de cuestionamientos, sino también la gran cantidad de asesores, secretarias, abogados y los llamados promotores comunitarios que, en buen español, en su mayoría no son más que un grupo de garrafones sinvergüenzas sin funciones y cobrando. Es que, por donde lo miremos, en una Asamblea donde solo se escogen 71 diputados, es irracional que se requieran más de 3 mil personas trabajando en ese edificio. ¡Contralor, no desmaye! ¡Destruya todas esas botellas!
La Asamblea de Diputados de Panamá poco o nada nos beneficia. Porque si tomamos en cuenta los envidiables salarios de siete mil dólares mensuales que devengan, y los jugosos salarios que le consiguen a toda su parentela para que tampoco queden fuera de la papa, lo menos que pudiéramos esperar es que propongan leyes en beneficio del país y de los panameños. Y no leyes tan absurdas como la del festival del almojábano con queso, o la del día del futbolista nacional, la ley del piropo, o también la de las sillas de bebé obligatorias en los carros —y que gracias a Dios, algo iluminó a la proponente que decidió no seguir con esta barbaridad—. Son solo ejemplos de la poca rentabilidad que para los panameños obtenemos de la Asamblea.
Sin temor a equivocarme, la Asamblea Nacional solo beneficia a los diputados y a quienes trabajan allí... a más nadie. Ellos hacen sus negocios, colocan a familiares y amigos, y convierten este órgano del Estado en su finca particular, y sin consecuencias. Y siendo más honestos aún, nuestra Asamblea de Diputados nos ha llenado de vergüenza a lo largo de la historia. Desde unos simples bates de béisbol, hasta riñas, sacaderas de trapos, coimas, diputados que ni hablar en un recinto saben, pero que, para más mal que bien, fueron elegidos por sus electores. Hacen de la Asamblea un recinto de inoperancia para el país. Diputados que, en algunos casos, solo con escucharlos se nota su ignorancia, pero que han encontrado en la Asamblea el lugar perfecto para vivir a costillas de ella. Algunos han construido sus riquezas sin salir del Palacio Justo Arosemena, pero mucho peor: jamás han sido investigados.
Hagamos un plebiscito o una consulta ciudadana para ver si queremos más de lo mismo. Y no dudo que la avalancha de votos a favor de cerrar la Asamblea triplicaría la que dimos cuando marchamos en contra de la mina. Y eso es decir bastante. Cerrando la Asamblea cerramos y acabamos no solo con algo que no sirve y que nunca ha servido, sino con el juega vivo, el nepotismo y la corrupción, todas dentro de un mismo edificio.
El autor es publicista.
