Si se aprueba el decreto-ley que establece los lineamientos de la política migratoria para el país, no será necesario que quienes tramiten una visa de inmigrante temporal o de residente recurran a la figura del abogado.
De acuerdo a la propuesta, el interesado deberá presentar su solicitud ante el Servicio Nacional de Migración, directa y personalmente, o si así lo prefiere, mediante poder otorgado a un abogado.
Luis Corró, ex asesor legal de Migración, dice que con esta medida se pone en riesgo la seguridad del proceso, pues se presta para que "tramitadores de dudosa credibilidad" jueguen con el tiempo y el dinero del inmigrante.
Asegura además que la ley es contradictoria, porque si lo que se busca es desaparecer la figura del abogado para abaratar costos, en otros aspectos los aumenta significativamente.
SERVICIOS MÁS CAROS
En el tema del precio de los servicios, la iniciativa trae consigo un paquete de reformas significativas.
Por ejemplo, cuando el extranjero quiera solicitar una determinada categoría migratoria, –visa de inmigrante temporal o de residente– deberá pagar 250 dólares a favor del Tesoro Nacional, en vez de los 100 dólares que el trámite cuesta hoy. La cuota al fondo de repatriación –dinero que deposita el extranjero a favor del Ministerio de Gobierno, para gastos de deportación– aumentará de 500 dólares a 800 dólares.
Los extranjeros que ingresen a Panamá por turismo, deberán realizar un pago de 50 dólares, en calidad de servicio de turismo. Actualmente los turistas que llegan al país solo tienen que pagar cinco dólares en concepto de una tarjeta de turismo.
El 70% de este dinero se asignará al Ministerio de Turismo; y el 30%, al Servicio Nacional de Migración.
‘POLICÍA MIGRATORIA’
Así como en Estados Unidos, Panamá también tendrá una "policía migratoria". De acuerdo al proyecto, los funcionarios de carrera de la Dirección de Seguridad Migratoria podrán utilizar la fuerza cuando lo requieran; para ello están autorizados para portar armas, esposas y equipos especiales de trabajo. Usarán uniformes que deberán ser reglamentados por el Órgano Ejecutivo.
Y podrán irrumpir en hoteles, moteles y pensiones entre otros.
DEPORTACIONES
Entre las causales que el Servicio Nacional de Migración podrá invocar para deportar a los extranjeros destacan atentar contra la seguridad pública y reñir "contra la moral y las buenas costumbres".
La iniciativa establece además que se expulsará al extranjero que haga apología al delito, o incite al odio racial, religioso, cultural o político.
‘SE NECESITA DEBATE’
"Cada país tiene derecho a orientar su ley migratoria como quiera; sin embargo, debería debatirse públicamente, como sucede, por ejemplo en Estados Unidos", "¿Por qué temerle a un debate?", asegura Luis Corró.
En tanto, el vicario de Darién, Pedro Hernández, ha manifestado su preocupación por los drásticos controles migratorios que los gobiernos están imponiendo.
"Nos preocupa, porque si bien hay que guardar las fronteras, ello nos impide brindarle a los migrantes el auxilio que necesitan", dijo el obispo.
La Conferencia Episcopal se pronunciará mañana viernes en torno a este.
