Llamé al Centro Médico Santísima Trinidad, en Calidonia, y me dijeron que sí expedían certificados de incapacidad, a un costo de cinco dólares. Cuando llegué, un secretario me preguntó el nombre, la edad y el número de cédula. Luego avisó al médico de turno y me hizo pasar.
En forma directa le dije al galeno que necesitaba un certificado porque no había podido ir a trabajar, aunque en realidad no estaba enfermo. Me respondió que estaba bien y que en el registro anotaría que me había atendido por una gastritis, por lo que me daría un día de incapacidad. Estampó su sello y me extendió el documento.
Un par de horas después, en Santa Librada (San Miguelito), llegué a la Clínica de Urgencias Divina Misericordia. Esta es una clínica más grande, enclavada en un sector populoso y de mucho tráfico humano y vehicular. Le pregunté al secretario por un certificado médico y pasó igual que antes.
Ambas situaciones reafirman las denuncias de que continúa la práctica entre algunas clínicas y médicos, aunque su dimensión aún no se ha precisado, de expedir certificaciones médicas a personas que no están enfermas.
Tormento empresarial
Alfredo Villaverde, gerente de la empresa Polyenvases, comentó que una docena de sus trabajadores abusa del derecho a incapacitarse 18 días del año por enfermedad temporal. Asegura tener detectadas, igual que otros colegas empresarios, las clínicas que expiden certificados dudosos, y lo curioso es que algunas están ubicadas más lejos que las de la Caja de Seguro Social (CSS).
Aunque las mayores quejas son por centros médicos de barrios populares, esto también pasa en sectores de clase media, como Hato Pintado, donde un médico muestra en su consultorio un rótulo que indica que un certificado de este tipo cuesta cinco dólares. Y en otra, a 100 metros, en Vía España, se cobra siete dólares.
El secretario general del Ministerio de Salud (Minsa), Francisco Sucre, dijo que esa instancia conoce de esta situación por lo que le pide a los empresarios afectados que se acerquen y presenten la denuncia para iniciar la respectiva investigación.
El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) ha recibido también estas quejas, pero advierte que nada puede hacer y que corresponde a cada empresa realizar su propia verificación.
Ni la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, ni la Caja de Seguro Social, y mucho menos el Sindicato de Industriales de Panamá han hecho estudios para medir la dimensión de este problema ni su impacto en las empresas o en las relaciones laborales, pero estiman que es grande. El último reporte de la Cámara de Comercio es del año 2000 cuando incluyó una pregunta sobre ausencias laborales en la encuesta a sus miembros. Desde entonces, no ha tocado más el caso.
Para otros empresarios, este problema es un sufrimiento ya aceptado.
‘Es imposible saber si fingen o no’: médicos
Mario Tuñón, de la Clínica Centro de Urgencias Divina Misericordia, advirtió, antes que nada, que allí no se venden incapacidades y que cuando se otorgan es por un máximo de dos días. Sostiene que este es un problema difícil de controlar, ya que el médico está sujeto a confiar en que son reales los síntomas que expresa el paciente: "aducen que están sufriendo diarreas, migraña y otras dolencias, por lo que se les receta y da la incapacidad".
Tuñón admitió que debido a este problema son muchos los empresarios que llaman para verificar si la incapacidad otorgada a un empleado se sustentó con enfermedad. Erick Hurtado, médico de la Clínica Karol, de Nuevo Veranillo, coincidió con su colega en la imposibilidad de guardar un control sobre la conducta del paciente: "a veces nos topamos con grandes simuladores, pero ¿cómo detectarlos si llegan aduciendo sufrir dolores?".
