El proceso penal por el secuestro y homicidio del banquero suizo Hans Jorg Bosch ha quedado prácticamente cerrado en los tribunales en los cuales se adelantaba este caso.
Esta semana, el Segundo Tribunal de Justicia acogió una petición de la Fiscalía Primera Anticorrupción y dictó un sobreseimiento provisional en favor de Martín Henry Rodríguez y Edgardo Najarro, dos de los tres sindicados por este hecho ocurrido en agosto de 1998.
Mediante resolución calendada el 9 de agosto del 2005 y con la ponencia del magistrado Joaquín Ortega, se especifica que por falta de pruebas se libera de los cargos que se le imputaban a Henry y a Najarro.
El dictamen también dejó sin efecto todas las medidas cautelares que pesaban contra los dos implicados en este caso.
En marzo de este año, la fiscal tercera Anticorrupción, Maribel Cornejo, solicitó un sobreseimiento provisional para los encausados.
En mayo del 2005, el magistrado suplente encargado, Secundino Mendieta, dejó sin efecto también los cargos que pesaban contra el abogado Gilberto Boutin, dentro del mismo expediente.
Previamente, en un fallo del magistrado José Troyano mediante el cual se declaró ilegal la detención de Boutin, se pidió al Ministerio Público que abriera una investigación para determinar si hubo irregularidades en el procedimiento de la fiscal Geomara de Jones cuando decretó la detención de los implicados en este caso.
Este proceso fue iniciado por la fiscal Geomara de Jones, luego el expediente pasó al entonces fiscal superior especial, Arquímedes Sáenz y finalmente el caso pasó al despacho de la fiscal Cornejo.
En julio de este año las autoridades judiciales de Suiza enviaron a Panamá una serie de documentaciones donde afirmaban que las pruebas de ADN que se hicieron por parte del Ministerio Público a unos restos hallado en Cerro Azul en el 2001 y que se aseguraban eran los del banquero desaparecido, estaban erradas.
Luego de esto, el abogado Boutin acudió a la Procuraduría de la Nación para denunciar al ex procurador José Antonio Sossa y a los fiscales Luis Martínez, Geomara de Jones y Arquímedes Sáenz y a otros funcionarios.
