La jueza decimotercera de ramo penal, Waleska Hormechea, admitió ayer el desistimiento de la querella penal interpuesta por dos entidades bancarias que habían acusado a cinco personas –entre ellas a Aquilino y a Carlos de la Guardia, directivos del quebrado Grupo Adelag– de los supuestos delitos de estafa y falsedad.
Hormechea adoptó su decisión ayer durante la continuación del acto de audiencia, en la que también aparecen como imputados Rossana Guerra, Emanuel Calderón y Melchor Rivera.
El juicio ordinario había sido suspendido el 30 de junio de 2008, después que la jueza accedió a un pedido de la defensa de postergar la audiencia al menos por 150 días, tiempo que, según ellos, permitiría cumplir con un acuerdo que incluía resarcir los daños derivados de la bancarrota del grupo.
Seis semanas más tarde, el 6 de agosto de 2008, la junta de acreedores del Grupo Adelag aprobó los convenios de rehabilitación que buscan poner fin a los procesos nacidos tras la bancarrota que dejó deudas por 43. 7 millones de dólares. En esos convenios los acreedores pactaban desestimar las pretensiones punitivas contra los de la Guardia.
A través de su abogado, el Banco General y el Citibank presentaron ante el juzgado el desistimiento, luego de estimar que se había reparado el perjuicio causado por la quiebra del Grupo Adelag.
William Parodi, fiscal decimocuarto, quien representa al Ministerio Público en esta causa, dijo estar de acuerdo con este desistimiento, pero aclaró que ello solo implica que los bancos ya no actuarán como querellantes de un proceso que se inició a pedido de la Comisión Nacional de Valores, a principios de la década de 2000. En la audiencia de ayer, la defensa de los de la Guardia interpuso también dos incidentes que buscan el archivo del proceso basado en el convenio acordado con los acreedores: uno hace alusión a la inexistencia de delito y el otro solicita la extinción de la acción penal.
La jueza Hormechea dijo que entraría a analizar esos pedidos, al igual que otro recurso de desistimiento de la acción penal contra los de la Guardia presentado por la presidenta de la sociedad Renegociadora de Valores, que adquirió los créditos del grupo. Si todos son rechazados, como pidió el fiscal, la jueza fijó para el próximo 16 de diciembre la continuación de la audiencia.
