La polémica surgida por las reformas al vetusto Código Agrario (1962) parece disiparse. Luego de las protestas de la sociedad civil sobre el riesgo de vulneración de la seguridad jurídica y la lucha del Estado para justificar la tesis de la seguridad alimentaria, el diálogo con la proponente -Corte Suprema de Justicia- se mueve a consenso.
Santander Tristán Donoso, asesor del Programa Nacional de Administración de Tierras (Pronat), explicó que junto con el magistrado Alberto Cigarruista y un asesor del Consejo Consultivo se ha trabajado durante varias semanas para organizar una metodología de discusión dentro de esta instancia.
Dijo que allí se analizarán las modificaciones, normas y adiciones de que será objeto la ley de reforma agraria, así como las nuevas normas propuestas para el Código Agrario y los tribunales agrarios.
“Con el análisis que se ha hecho, se van a superar profundamente todas las diferencias y siento que hemos entrado en una fase muy positiva”, aseguró Tristán Donoso.
Se ha previsto una reunión en los próximos días, en la cual se presentará un informe del análisis de las normas que serán modificadas.
En tanto, Hermann Gnäegi, de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, expresó su satisfacción por el avance que permitirá alcanzar un código agrario moderno y sin que productores, ganaderos, inversionistas y promotores se sientan amenazados en sus intereses. Pero sostiene que lo ideal sería la creación de una Autoridad Nacional de Tierras para centralizar la emisión de títulos que hoy está en manos de cinco instituciones.
Los aspectos más sensitivos de las reformas al Código Agrario son los derechos posesorios, la seguridad alimentaria y la titulación en litorales e islas, entre otros.
La reforma, que implica una jurisdicción agraria, fue presentada por la Corte Suprema de Justicia en la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional cuando estaban por concluir las sesiones legislativas que terminaron el pasado 31 de junio. Sin embargo, el sector privado presentó una serie de objeciones, por lo que se inició una serie de consultas y se creó una subcomisión legislativa para discutir el tema.
Luego, sin la participación de los diputados, varios sectores -entre ellos la Cámara de Comercio, la Asociación Nacional de Ganaderos, la Asociación de Ejecutivos de Empresa, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Órgano Judicial- se reunieron en el Centro Istmeño de Modernización de la Administración Pública, en los Llanos de Curundú, para ponerse de acuerdo en los puntos polémicos.
