El pleno de la Asamblea Nacional aprobó anoche, en segundo debate, el proyecto de ley 214, que modifica artículos del Código Procesal Penal sobre juzgamiento de los diputados de la República de Panamá, conocida como “ley blindaje”.
Las reformas avaladas establecen que el magistrado fiscal en los procesos contra los diputados “dispondrá de un plazo de dos meses calendarios para formular la imputación de cargos”.
Además, a partir de la imputación empezará a correr un plazo de hasta dos meses más para concluir la investigación.
Esto cambia lo dispuesto en la Ley 55 de 2012, que únicamente estipula un período de dos meses para que el magistrado concluya la investigación y señala una prórroga de un mes en caso de un proceso complejo.
El proyecto del panameñista Adolfo Valderrama crea la oficina fiscal de la Corte Suprema de Justicia, para servir de apoyo en las investigaciones que requiera el magistrado fiscal en los casos contra los diputados.
PRUEBA SUMARIA
En cuanto a la presentación de las denuncias contra los diputados, se aprobó un artículo que indica que se deben acompañar “los elementos de convicción que ofrezcan conocimiento probable que se haya cometido o se esté cometiendo un hecho punible , así como los elementos de convicción que permitan relacionar al denunciado o querellado con el presunto hecho punible”.
Además, se dio el visto bueno para que el magistrado fiscal y el juez de garantías en los procesos no serían designados por el pleno de la Corte, sino que se escogerían entre los miembros de la Sala Civil o de lo Contencioso Administrativo.
En cuanto al caso de los diputados que se ausenten de la investigación, se aprobó que el juez de garantías podrá dictar un sobreseimiento provisional hasta que el sindicado comparezca a la audiencia de formulación de cargos.
La diputada independiente Ana Matilde Gómez calificó como un “paso tibio” las reformas aprobadas.
Indicó que hay avances en cuanto a la eliminación del plazo de dos meses que existía para investigar a un diputado.
Aunque aclaró que se pudo extender más ese plazo porque para los particulares es hasta de seis meses.
Criticó la reforma adoptada en el caso cuando el investigado esté ausente del proceso.
Gómez propuso un artículo para que en esos casos el proceso no se detenga, porque no es “justo que por una persona que tiene todos los recursos, está enterada del proceso, comenta y hasta hace mofa”, la investigación se paralice.
Tampoco apoyó la reforma que señala el escogimiento del magistrado fiscal entre los miembros de dos salas de la Corte que son los que menos manejan la materia penal. “Eso es grave”, dijo.