El pleno de la Asamblea Nacional aprobó ayer en segundo debate el proyecto de ley 352 que modifica la Ley 76 de 15 de noviembre de 2010 que crea la Empresa Nacional de Autopistas, S.A. (ENA).
El documento presentado por el ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena, establece además un marco regulatorio a la Ley 5 de 15 de abril de 1988 en lo concerniente a las concesiones administrativas para la ejecución de obras de interés público.
Con el ajuste a ambas leyes se le permitiría a ENA constituir sociedades subsidiarias para la ejecución de cualesquiera obras de infraestructura vial de interés público, mediante concesiones administrativas que le sean otorgadas por el Estado.
También podrá participar accionariamente ya sea directamente o por medio de sociedades subsidiarias, en el capital social de sociedades de economía mixta, para la ejecución de cualesquiera obras de infraestructura vial de interés público mediante concesiones administrativas que sean otorgadas por el Estado.
De igual manera, según lo aprobado, los contratos de concesión administrativa otorgados bajo esta ley tendrán un término de vigencia hasta 30 años, según sea pactado contractualmente.
Vencido este término del contrato de concesión administrativa y de haber sido pactado contractualmente, la entidad concedente podrá prorrogarlos por un término no mayor al otorgado inicialmente, de así solicitarlo el concesionario un año antes del vencimiento.
El gerente de ENA, Carlos Barnes, justificó la aprobación de este proyecto tras señalar que ante la falta de recursos en el presupuesto del Estado para construir otros proyectos carreteros de importancia, se abren las puertas para que estas se construyan a través de este mecanismo y con el financiamiento privado.
En relación con el incremento de hasta 30 años o más de los contratos de concesión otorgados con esta ley, explicó que facilitará el financiamiento de esta obra y permitirá, por ejemplo, que el cobro de peajes por el uso del cuarto puente sobre el Canal sea más accesible para los usuarios de esta infraestructura. El ministro Ramón Arosemena señaló que el documento facilitará el financiamiento de futuras autopistas, ya que se amplían los mecanismos para construir carreteras en todo el país dándole respuesta a las necesidades que requieren en materia vial.
"Con ello se busca llenar un vacío existente en la norma respecto al término de vigencia de otorgamiento y prórroga de dichos contratos que requieren muchas veces plazos de vigencia contractual más extensos para que el financiamiento de las obras sea viable", sostuvo Arosemena.