Bancada oficialista promoverá la imprescriptibilidad en los delitos de corrupción y la 'muerte civil'

El Directorio Nacional del Partido Panameñista decidió, la noche de este 10 de enero, instruir a su bancada en la Asamblea Nacional a que promueva el debate y la aprobación de la ley de imprescriptibilidad de la acción penal en casos de corrupción. La decisión del partido oficialista se conoció a través de las cuentas de Twitter de varios diputados, entre ellas, la de José Luis Varela, presidente del Partido Panameñista. El diputado escribió que también se decidió "respaldar la iniciativa de declarar por ley la muerte civil de los condenados por corrupción". El anteproyecto de ley que regula la imprescriptibilidad de la acción penal fue presentado en marzo de 2017 por Jóvenes de Generación Movin, Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad Santa María la Antigua, y Generación Sin Límites. Los jóvenes presentaron el anteproyecto de ley ante la oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. En reunión del Directorio Nacional se decidió instruir a la Bancada @panamenistas que impulse debate y aprobación del proyecto de ley de imprescriptibilidad en casos de corrupción y la iniciativa de Ley de muerte civil de condenados por corrupción. La citada norma plantea modificar el artículo No. 116 del Código Procesal Penal , que establece plazos de prescripción de la acción penal para los delitos contra la administración pública.

Otros diputados que también plasmaron la decisión del Directorio Nacional del Partido Panameñista fueron Adolfo Valderrama, Katleen Levy García y Luis Eduardo Quirós. Hoy el Directorio Nacional ha decidido instruir a la Bancada Panameñista que promueva el debate y aprobación de la Ley de imprescriptibilidad de la acción penal en casos de corrupción y respaldar la iniciativa de declarar por Ley la muerte civil de los condenados por corrupción También revelaron la decisión del directorio en sus cuentas de Twitter el alcalde de Panamá, José Isabel Blandón; el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Luis Ernesto Carles; y el director de la Autoridad Marítima de Panamá, Jorge Barakat. Este anteproyecto de ley fue prohijado por la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional el pasado 22 de agosto de 2017. La lucha contra la corrupción es el mejor legado que se puede dejar para las nuevas generaciones. La bancada @panamenistas lo hará impulsando y apoyando proyectos de ley que se han presentado en la @asambleapa por la participación ciudadana. Los diputados que integraban esa comisión decidieron, de forma unánime, acoger la propuesta que permanecía sin ser discutida desde el mes de marzo. De aprobarse tal como está la citada norma, se eliminaría el parágrafo 3 del artículo No. 116 del Código Procesal Penal , que fija que: “Al vencimiento del plazo igual al doble del máximo previsto en la ley para los delitos de peculado, enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales contra cualquier entidad pública”.

El Directorio Nacional del @panamenistas ha decidido instruir a la Bancada del Partido en la Asamblea que impulse debate y aprobación de la no prescripción de la acción penal en casos de corrupción y de la #MuerteCivil como sanción a corruptos. Por otro lado, este 10 de enero llegó a la Asamblea Nacional el anteproyecto de ley sobre la “muerte civil” de aquellas personas condenadas por delitos contra la administración pública. La propuesta fue presentada a la Asamblea Nacional por un grupo de ciudadanos e implica que aquellos condenados a cinco años o más por actos de corrupción sean inhabilitados para aspirar a cualquier cargo de elección popular, ejercer funciones públicas y contratar con el Estado. Esto último aplicaría también para personas jurídicas. Avalamos la decisión de @panamenistas. Convocamos a la bancada para la próxima semana, donde impulsaremos el debate para la aprobación de la ley #MuerteCivil y no prescripción de delitos de corrupción El anteproyecto, que introduce modificaciones al Código Penal y la Ley No. 22 de 2006 sobre contrataciones públicas, también propone ampliar las penas de prisión por delitos contra la administración pública.

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