El exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS) Juan Jované denunció ayer que el exprocurador suplente Giuseppe Bonissi ocultó pruebas que lo exoneran de responsabilidad en el caso del envenenamiento masivo con dietilene glycol, que hasta la fecha suma la muerte de 165 personas.
Durante una conferencia de prensa, Jované señaló que Bonissi le dio un manejo político al caso al no anexar en el expediente las inversiones que, por casi 380 mil dólares, realizó al Laboratorio de Fabricación de Medicamentos durante su gestión, entre el 6 de octubre de 1999 y septiembre de 2003.
Afirmó que en su administración, incluso, se nombró una comisión para establecer qué otras cosas hacían falta dentro del laboratorio, pero esa es otra prueba que fue ocultada por parte del Ministerio Público.
Según él, la vista fiscal del caso, enviada a la Corte Suprema el 20 de diciembre pasado, tampoco menciona que en su gestión se buscó un sitio para trasladar el laboratorio, pero que a la postre esto no se pudo hacer.
Advirtió de que, en la vista fiscal, Bonissi indicó que fue él quien firmó la orden de compra del dietilene glycol, pero que eso no es cierto.
Agregó que cuando el tóxico llegó a la CSS, él ya no estaba en la institución.
Jované afirmó que en su administración pidió a la junta directiva el cierre del laboratorio, pero que esto no se realizó por motivos que dijo desconocer.
El exprocurador suplente Giuseppe Bonissi fue contactado por este diario, pero señaló que no tenía ningún comentario al respecto.
Por otro lado, fuentes del Palacio de Justicia informaron que el Ministerio de Salud respondió a la Sala Penal de la Corte que Pablo Solís –imputado en el caso–, ya no es director de Farmacias y Drogas, lo que dejaría el camino expedito para que el expediente sea enviado a un juzgado de circuito.
El pasado 20 de diciembre, Bonissi remitió a la Sala Penal una vista fiscal en la que pidió el enjuiciamiento de los exdirectores de la CSS Juan Jované y René Luciani, así como para seis miembros de la junta directiva, cuatro integrantes de la directiva del Grupo Medicom, un directivo de la empresa Rasfer Internacional, un directivo de la empresa Davivienda, un exfuncionario del Ministerio de Salud y seis funcionarios que laboraban en el laboratorio. Además pidió el sobreseimiento de cuatro personas, entre ellas el también exdirector de la CSS Rolando Villalaz y el exdirectivo José Preciado.
