Varias agrupaciones empresariales se pronunciaron este lunes 13 de marzo de 2017 a raíz de las irregularidades reveladas por La Prensa, en relación con la gestión de millonarios montos de dinero en donaciones y contratos por servicios profesionales.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agriculturas de Panamá (CCIAP) solicitó que se hagan las reformas necesarias, a fin de que la Asamblea Nacional cese de realizar donaciones. Además, exigió que las necesidades básicas de la población sean atendidas por las autoridades competentes.
Según la agrupación, de esta forma “evitamos que se involucre el clientelismo” en las funciones de la Asamblea, que debe dedicarse primordialmente a legislar para todo el país. “¡Pongamos fin al clientelismo!”, sentenció la CCIAP.
Una investigación de La Prensa documentó que de julio de 2014 a diciembre de 2016, la Asamblea Nacional desembolsó $14 millones en donaciones –la mayoría nunca llegó a su beneficiario original– y $68 millones en contratos por servicios profesionales, por trabajos que –en muchos casos– no se realizaron.
La investigación mostró que buena parte de las donaciones eran ofrecidas por asistentes de los diputados, que se quedaban con el 95% del cheque de los beneficiarios.
La CCIAP hizo un llamado al Órgano Judicial y a la Contraloría General de la República a que –"de una vez por todas"– se abran procesos independientes de investigación y auditoría de los actos de corrupción que se han reportado por falencias en los procesos.
“Estamos convencidos de que, sin minimizar la gravedad del despilfarro revelado, no podemos permitir que esto distraiga la atención de las investigaciones que se adelantan por delitos contra la administración en los macro proyectos de infraestructura, las cuales se deben llevar hasta las últimas consecuencias, a fin de adecentar el país y enviar un mensaje claro de que en Panamá no permitimos que se roben los dineros del pueblo”, declaró la agrupación empresarial mediante un comunicado público.
Por otra parte, la CCIAP urgió a la Asamblea Nacional a debatir y aprobar las reformas al Código Electoral y las modificaciones a la ley de contrataciones públicas, instrumentos importantes en la lucha contra la corrupción. La discusión de ambos proyectos parece estancada en el Legislativo.
ADVIERTEN DE CONFLICTO DE INTERESES
“No es legal ni moralmente procedente, ni acredita a la transparencia que debería imperar, el que las investigaciones de los hechos supuestamente ilícitos sean adelantadas por una comisión designada por la propia Asamblea Nacional”.
Esta fue la reacción proveniente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), al referirse a la comisión legislativa creada para investigar las anomalías reveladas –integrada por los diputados Leandro Ávila (Partido Revolucionario Democrático), Yanibel Ábrego (Cambio Democrático) y Juan Carlos Arango (Partido Popular).
“Es evidente que los integrantes de dicha comisión estarían frente a un claro conflicto de intereses”, consideró la Apede.
Al igual que la CCIAP, la Apede instó a la Corte Suprema de Justicia a que cumpla con su deber constitucional e inicie, cuanto antes, una investigación de los hechos públicamente denunciados. De comprobarse la veracidad de los hechos y la identidad de sus perpetradores, las autoridades competentes deben deslindar de una vez todas las responsabilidades correspondientes, apuntan los empresarios.
En su comunicado Apede hace un llamado a la conciencia del electorado nacional “para que contribuyan con su voto responsable a erradicar este tipo de prácticas que conllevan al pernicioso clientelismo político”.