El director de la Policía Nacional, Rolando Mirones, dijo ayer a este diario que, de acuerdo con investigaciones preliminares, la muerte del obrero Luigi Argüelles ocurrió en medio de una situación extrema, a partir de la cual y bajo amenazas fue que disparó uno de los 20 funcionarios acantonados en Isla Viveros.
Mirones indicó que no sabe de dónde sacó el Suntracs que el autor de los disparos fue un sargento, cuando en realidad el único uniformado que usó su arma de reglamento fue el cabo Agustín Garay, de las Fuerzas Especiales, y lo hizo, según él, tras la llegada a Isla Viveros de personas armadas con machetes y pistolas, y ante la amenaza de que uno de ellos iba a disparar hacia los policías y empleados de Maqtec S.A.
El jefe policial informó, además, que desde el jueves se abrió una averiguación interna y si se determina que Garay incumplió los procedimientos de la entidad, será castigado.
En lo que toca a la investigación penal, señaló que ya se le entregó el arma a la Fiscalía Auxiliar y el cabo hizo una primera declaración ante el titular de ese despacho, Luis Martínez, quien será el encargado de volver a citar a Garay y a los otros 19 funcionarios presentes en los hechos.
Controversia
No obstante esas declaraciones, uno de los abogados del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Rafael Rodríguez, insistió ayer en que los obreros de ese colectivo no portaban armas cuando fueron a Isla Viveros.
En ese sentido, sostuvo que la Policía revisa a los obreros cuando llegan a la Isla de San Miguel y que esa fiscalización se repite en Isla Viveros.
Rechazó igualmente las aseveraciones de una hermana de Argüelles, quien declaró que este le dijo el pasado 4 de agosto que el Suntracs le había entregado un arma para defenderse en caso de choques con obreros de otros sindicatos.
Rodríguez anunció que este lunes presentarán una querella penal contra el funcionario que disparó contra Argüelles y que están a la espera de las pesquisas que lleva a cabo el Ministerio Público sobre la denuncia por la muerte del obrero Osvaldo Lorenzo.
Reacciones
En tanto, dirigentes de diversos sectores sindicales, entre estos los lácteos, de la industria del plástico, del cemento y empleados de la Caja de Seguro Social (CSS) se reunieron ayer con el Defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, para exigirle que intervenga y denuncie al Gobierno por los "atropellos" contra los trabajadores de la construcción.
Priscila Vásquez, dirigente de la CSS, pidió al defensor que haga respetar la libertad sindical y que intervenga para que los patrones no se inmiscuyan en los asuntos sindicales.
"También queremos que no queden impunes las muertes de los obreros Osvaldo Lorenzo y Luigi Argüelles", agregó.
Por su lado, Vargas se comprometió a tratar de que a las muertes de los trabajadores "les llegue la justicia".
Más temprano, la Asociación de Ejecutivos de Empresa exhortó al Gobierno a tomar medidas para cumplir la ley ante la reciente "crisis a causa los hechos violentos en el sector construcción".
Mientras, el Colegio de Abogados deploró los hechos de violencia y planteó que los conflictos laborales "deben resolverse mediante las acciones y recursos que el Estado de Derecho pone a disposición de todos los panameños".
(Con información de Rafael Luna Noguera, José Otero y José González Pinilla).
