La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes aprobó el miércoles declarar en desacato al secretario de Justicia William Barr, lo que intensifica la singular batalla legal librada por los demócratas con el gobierno del presidente Donald Trump por el acceso al informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la posible colusión entre Rusia y la campaña del mandatario.
La votación del panel coronó una jornada de desencuentros entre los legisladores demócratas y Trump, quien por primera vez invocó el principio del privilegio ejecutivo para impedir que los legisladores tengan acceso al informe completo de la pesquisa de Mueller sobre la intromisión de los rusos para ayudar a Trump en los comicios del 2016.
El presidente de la comisión, Jerrold Nadler, describió el proceder del Departamento de Justicia de Trump como otra clara señal del “desafío absoluto” del mandatario al derecho constitucional del Congreso a cumplir sus responsabilidades de supervisión.
“No disfrutamos hacer esto, pero no tenemos opción”, afirmó Nadler al término de la votación.
El bloqueo de la Casa Blanca “atenta contra la capacidad del pueblo estadounidense para conocer las acciones del ejecutivo”, afirmó. “Esto no puede ser”.
Sin embargo, la portavoz del Departamento de Justicia, Kerri Kupec, consideró desalentador que los miembros del Congreso “hayan optado por implicarse en un espectáculo político”.
Barr efectuó “esfuerzos extraordinarios” para brindar al Congreso y el público información sobre el trabajo de Mueller, aseveró.
La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo que ni la Casa Blanca ni Barr “acatarán las exigencias ilegítimas e imprudentes del presidente Nadler”.
Aunque la Casa Blanca dudó inicialmente en invocar el privilegio ejecutivo, Trump le dijo a su personal y asesores políticos en las últimas semanas que se negaran a cooperar con los demócratas por considerar que el único propósito de éstos es dañarlo políticamente con vistas a su campaña de reelección. La próxima batalla jurídica podría alargarse hasta el 2020, y la Casa Blanca se ha propuesto neutralizar las pesquisas legislativas por el tiempo que resta hasta las elecciones.
El privilegio ejecutivo es la facultad del presidente para no facilitar información a tribunales, el Congreso y el público a fin de proteger la confidencialidad del proceso de la toma de decisiones de la Oficina Oval.
El presidente tardó semanas para tomar la decisión, que ahondará en forma inevitable la disputa entre la Casa Blanca y el Congreso sobre un número de investigaciones.
La Casa Blanca ha rechazado todos los intentos para investigar los negocios o las declaraciones de impuestos de Trump, así como el procedimiento de acreditación de seguridad del Ala Oeste.