Los vinculados a la investigación del caso Cemis siguen interponiendo recursos que tienen un claro efecto: entorpecer el proceso de reapertura del sumario.
La defensa del ex legislador Mateo Castillero entregó al procurador suplente, Giuseppe Bonissi, una advertencia de nulidad para enfrentar cualquier acción que se inicie en su contra, en las investigaciones por la supuesta compra de votos para aprobar el contrato ley del Cemis a finales de 2001.
Castillero le recordó a Bonissi que el 31 de diciembre de 2002, el entonces procurador, José Antonio Sossa, pidió un sobreseimiento provisional a su favor. Sossa también solicitó llamamiento a juicio para el diputado Carlos Afú y los promotores del Cemis, Martín Rodin y Stephen Jones.
Castillero alega que el fallo de la Corte del 24 de diciembre de 2009 que ordenó la reapertura del expediente, pidió al Ministerio Público “valorar el sumario de las investigaciones tomando las recomendaciones que formuló Sossa”.
Según el ex legislador, es la Corte y no el Ministerio Público la que debe valorar si con aquella vista fiscal concluyó el sumario, o si la reapertura de la investigación implica lo contrario.
Según confesó Afú públicamente, Castillero entregó a cada legislador del Partido Revolucionario Democrático un sobre con 6 mil dólares en efectivo, como un “adelanto” de los 20 mil dólares que cada uno recibiría por votar a favor del Cemis.
