Eran las 8:30 a.m. del día de ayer, cuando Magaly Castillo recibió la visita de un notificador, en sus oficinas de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, en El Dorado.
El funcionario traía una boleta de citación que la obligaba a comparecer, en media hora, a la Fiscalía Auxiliar en Ancón. “Es decir, al término de la distancia”, como resumiría la propia Castillo.
La boleta fue expedida recién el día antes. Decía que la diligencia era parte de las sumarias “por la comisión de un delito contra la vida y la integridad personal”.
Aunque la boleta no lo dice, Castillo sabía que las sumarias tenían relación con el hábeas corpus que un grupo de organizaciones presentó la semana pasada para ubicar a Valentín Palacio, un bocatoreño de 38 años de edad. De Palacio no se sabía nada desde el 8 de julio, cuando Changuinola protestó contra la Ley 30, hasta que el pasado domingo apareció, del brazo del director policial Gustavo Pérez.
Castillo agarró su bolso, su celular y se fue a la citación. En la Fiscalía se encontró con abogados afines a la Alianza, que corrieron a apoyarla.
Sin embargo, no hubo interrogatorio, porque el fiscal Ángel Calderón no aceptó el poder que Castillo otorgó a un abogado. Ella dijo que así, no declaraba. Y el fiscal la dejó ir.
Calderón aduce que Castillo no necesita abogado, puesto que no ha sido acusada de nada. Además, no será la única dirigente citada, ya que Calderón asegura que llamará al médico Mauro Zúñiga. Sin embargo, anoche Zúñiga no había recibido boleta alguna.