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AVALÚOS.cuestionan los precios de venta dados por el mef.

Chame, la zona ‘oculta’

El MEF vendió tierras en Chame, pese a las advertencias de la Procuradora.

Juan Carlos Tapia adquirió dos fincas, con el argumento de que ahí haría un complejo turístico.

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A Playa Escondida el nombre se le quedó corto; esconde mucho más que una playa. Según el abogado Nodier Santiago, oculta también al menos 513 mil 829 dólares que el Estado dejó de recibir con la venta de dos fincas en Chame –una de 11 y otra de 1.9 hectáreas– a una corporación privada que hace seis años prometió desarrollar ahí un complejo turístico, pero que hasta ahora no ha puesto ni un ladrillo.

Para entender esta trama, hay que prestar atención a los protagonistas. Por un lado está Juan Carlos Tapia, el empresario televisivo devenido en promotor turístico. Por el otro, Roberto Ruiz Díaz, apoderado de Santiago en dos denuncias de bien oculto contra Playa Escondida Resort & Marina, sociedad que preside Tapia.

Los caminos de ambos se cruzaron en 2001, cuando Tapia se interesó en la finca 84550 –de 11 hectáreas frente al mar– y Ruiz era el director de Contrataciones Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Ruiz recordó que estando ahí, el entonces ministro Norberto Delgado le ordenó preparar, a toda prisa, una resolución para autorizar la venta directa de la finca 84550 a Playa Escondida, por un monto de 28 mil 602 dólares, es decir, 25 centavos el metro cuadrado.

El precio llamó la atención del funcionario, pero "no podíamos cuestionarlo, pues provenía de las entidades encargadas de hacerlo por ley [Contraloría y Dirección de Catastro]", explicó.

La cifra está muy por debajo de los avalúos dados a moradores de Farallón, "donde los precios promedio andaban entre 3 y 5 balboas el metro" dijo Ruiz.

Las gestiones

Desde un principio, Tapia argumentó que necesitaba la finca para incorporarla a un complejo turístico que estaría en un terreno colindante, de 101 hectáreas, que Playa Escondida adquirió en una transacción privada, en 2000.

El proyecto contaría con condominios, hotel, viveros, marina, áreas deportivas y comerciales, y club de playa. Cuando este diario le preguntó por esas edificaciones, Tapia señaló que está en busca de un inversionista. "Carecemos de la capacidad para desarrollar esto solos", explicó.

Como la finca 84550 estaba a nombre del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) –para proyectos de acuicultura–, Tapia dirigió su solicitud de compra –el 24 de abril de 2001– a Pedro Adán Gordón, a la sazón titular de esa cartera. En su misiva, mencionó que en octubre de 2000 conversó de sus intenciones con la presidenta, Mireya Moscoso, quien –según él– avaló la idea.

"De igual forma, y según le consta, la señora Presidenta le solicitó telefónicamente que se practicaran las experticias periciales de ley para determinar el valor de las tierras... a fin de que iniciemos las negociaciones y/o tramitaciones que nuestra legislación perceptúe", le dijo Tapia a Gordón.

Posteriormente, el 23 de julio de 2001, Tapia se reunió con la encargada de la Dirección de Reforma Agraria del Mida, Teresa Spina. Lo acompañó el hoy magistrado Winston Spadafora, que a la fecha era ministro de Gobierno. No se sabe con claridad cuál era el papel de Spadafora en la reunión, pero sí que Spina les comunicó que el Mida no podía vender la propiedad.

El detalle aparentemente lo desconocía hasta el propio Gordón, que, de inmediato, le pidió a Norberto Delgado que le vendiera directamente la finca a Playa Escondida, pese a que ni siquiera se había publicado un aviso que hiciera constar que, en efecto, solo existía un interesado en adquirir ese terreno, como dicta la ley de contrataciones públicas.

Todos estos pormenores fueron después incluidos en la denuncia que por bien oculto presentó Santiago –con Roberto Ruiz como su apoderado–, alegando que la finca fue adjudicada "a un valor muy por debajo del precio del mercado y bajo la falsedad de que en la misma se construiría un proyecto turístico". Según su cálculo, por la finca se debió pagar 350 mil 364 dólares.

El MEF admitió la denuncia el 24 de mayo de 2005. Cuando le consultaron a la procuradora, Ana Matilde Gómez, recomendó que a Santiago se le diera la personería para promover la demanda que permitiría resarcir al Estado por la adjudicación de un bien estatal "sin cumplir con las formalidades legales establecidas".

"Soy de la opinión que el bien adjudicado fue adquirido ilegítimamente... De ahí que considere que estamos frente a un bien oculto estatal", de acuerdo con lo consagrado en el Código Fiscal, resaltó.

La Procuradora advirtió que "para adjudicarse en venta un bien del Estado, tanto las entidades estatales como los particulares adquirientes tienen que cumplir una serie de reglas de procedimiento administrativo, que en el presente caso no se dieron adecuadamente".

Tapia, empero, insiste en que todos sus asuntos fueron manejados con transparencia.

La actuación de Constable

La opinión de Gómez fue desatendida por la viceministra de Finanzas, Orcila Vega de Constable: no solo adjudicó una segunda finca en Chame a Playa Escondida, sino que el mes pasado desestimó el reclamo de Santiago. Esta segunda venta también fue denunciada por bien oculto. En esta ocasión, el MEF vendió 1.9 hectárea a 48 mil 977.34 dólares, a razón de 2.55 dólares el metro cuadrado. De acuerdo con cálculos de Ruiz, el Estado debió percibir 192 mil 68 dólares.

A su favor, Tapia argumentó que pagó "30 veces más" de lo que desembolsó Rodolfo Charro Espino, tío del presidente, Martín Torrijos, quien también adquirió tierras estatales en Chame.

La rentabilidad, en todo caso, es clara: los terrenos de Playa Escondida se comercializan desde el año pasado en el sitio panamarealtor.com, a un precio de venta de 56.2 millones de dólares. Roberto Ruiz promueve ahora una demanda ante la Sala Tercera de la Corte –donde está Spadafora–, para que se declare nula la acción de Constable.

A su vez, Enrique Chito Montenegro –a quien Tapia denunció una vez por injuria– impulsa una denuncia contra Delgado, Gordón, Quirós, el ex contralor Alvin Weeden, Tapia y el hermano y socio de este último, Raúl Tapia, por la supuesta comisión de delitos de corrupción de funcionarios, tráfico de influencias y extralimitación de funciones. El caso está en la Fiscalía Segunda Anticorrupción.

Ventas y denuncias

.NOVIEMBRE, 2001: Playa Escondida adquiere una finca de 11 hectáreas en Chame, por 28 mil 602 dólares.

.DICIEMBRE, 2004: Presentan denuncia de bien oculto contra Playa Escondida.

.AGOSTO, 2005: El MEF autoriza la venta de 1.9 hectárea adicional a la misma sociedad. Precio: 48 mil 977.34 dólares.

.ABRIL, 2007: Presentan una segunda denuncia de bien oculto contra Playa Escondida, al tiempo que el MEF desestimaba la primera queja presentada.

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