La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional decidió en horas de la tarde de hoy archivar y no admitir un expediente en contra del exmagistrado Alejandro Moncada Luna y los magistrados suplentes Gabriel Fernández y Efrén Tello, quienes fueron denunciados en 2013 por el presidente del Partido Popular (PP) Milton Henríquez por el delito de extralimitación de funciones.
La denuncia fue archivada con votos de los diputados Luis Barría, Zulay Rodríguez, Elías Castillo, Leandro Ávila, Marylín Vallarino y Dimas Oda; suplente de la diputada Katleen Levy García, debido a que no le es dable (posible) a la Asamblea cuestionar los fallos de la Corte Suprema de Justicia.
La denuncia (expediente 162) fue presentada el 7 de noviembre de 2013 luego de que estos tres magistrados emitieran una resolución que anulaba la decisión del Tribunal Electoral (TE) de suspender una cuña del grupo pro oficialista Panamá Avanza, en contra del candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático, Juan Carlos Navarro.
También se decidió remitir al Ministerio Público el expediente 141 contra Moncada Luna por abuso de autoridad y extralimitación de funciones, luego de que este remitiera al Legislativo en enero de 2012 una carta donde cuestionara la actuación de los diputados en la discusión del proyecto de ley 402, que buscaba adecuar la Sala Quinta en la Corte Suprema.
La decisión asumida por la Comisión de Credenciales se da con base en el análisis de una subcomisión designada para analizar estos expedientes conformada por Luis Barría, Katleen Levy García y Héctor Valdés Carrasquilla, que determinó remitir este caso al Ministerio Público al no tener ya competencia la Asamblea de investigar al exmagistrado quien cumple una condena de cinco años por delitos de corrupción.
Esta subcomisión acordó además que otros dos casos fueran analizados con mayor profundidad antes de emitir una consideración.
Entre los dos casos en los que se postergó un pronunciamiento al requerirse un mayor análisis están el expediente 170 en el cual el exjuez Alexis Ballesteros, denunció públicamente haber sido presionado por sus superiores –los magistrados de la CSJ Ayú Prado y Moncada Luna, y Secundino Mendieta y Wilfredo Sáenz del Segundo Tribunal Superior– para fallar a favor de allegados del expresidente Ricardo Martinelli.
Ballesteros en su momento dijo haber sido coaccionado para fallar contrario en derecho en tres casos: el de Balbina Herrera; otro que involucra a un familiar de Gabriel Btesh, y el del bloqueo a Corporación La Prensa por los trabajadores de Transcaribe Trading (TCT), un importante contratista del gobierno anterior. TCT es propiedad de David Ochy, amigo de Martinelli.
También se postergó un pronunciamiento sobre el expediente 173 en relación con la denuncia penal de Pedro Montañez contra Ayú Prado por el supuesto delito en que hubiese incurrido al no tomar la providencia necesaria para mantener en funcionamiento la unidad especializada creada por el Ministerio Público para atender a los afectados por el envenenamiento con dietilenglicol.
