La Asamblea Nacional instaló formalmente la denominada "comisión de investigación para los casos de corrupción a nivel nacional", que revisará las contrataciones públicas -particularmente aquellas de infraestructura- en los tres últimos periodos presidenciales, es decir, desde septiembre de 2004 a la fecha.
La comisión de 11 diputados será presidida por el diputado perredista Elías Castillo, que en la ceremonia de instalación de la comisión, este martes 14 de marzo, anunció que ya contactó a los "colegas parlamentarios de Brasil", país sede de Odebrecht, la constructora que confesó haber pagado $789 millones en sobornos a funcionarios de varios países de la región. Solo en Panamá, Odebrecht admitió coimas por $59 millones, entre los años 2010 a 2014.
"Hice contacto con colegas parlamentarios de Brasil. Justamente en ese país está ubicada la empresa [Odebrecht]. De ser necesario viajaremos para hacer esos contactos. Igual con los congresos de otros países como Perú y República Dominicana y muchos otros [países] que surgirán sobre la marcha", señaló Castillo.
La comisión investigadora se centrará en posibles actos de corrupción en obras de infraestructura durante los últimos tres periodos presidenciales: Martín Torrijos (2004- 2009), Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019). El grupo tiene 90 días -prorrogables por 90 más- para rendir un informe ante el pleno legislativo.
Odebrecht es el principal contratista del Estado panameño, con proyectos que suman -en solitario o en consorcio- más de $9,200 millones.
La comisión la completan los diputados Luis Eduardo Quirós, Jorge Arrocha y Luis Barría, del Partido Panameñista; Rony Araúz, Dana Castañeda y Carlos "Tito" Afú, de Cambio Democrático (CD); Crispiano Adames y Zulay Rodríguez, del PRD; Francisco Alemán, del Molirena, y Juan Carlos Arango, del Partido Popular. Este último también forma parte de la comisión interina que investigará las irregularidades en las donaciones y contratos por servicios profesionales en la Asamblea.
Una investigación de La Prensa documentó que desde julio de 2014, la Asamblea desembolsó $14 millones en donaciones que casi nunca fueron a parar al beneficiario original. Igualmente, se pagaron $68 millones en contratos por servicios profesionales, por trabajos que en su mayoría no se realizaron. La Contraloría General de la República anunció una auditoría a dichos gastos.
Quirós actuará como vicepresidente y Araúz como secretario.
Se desconoce el criterio utilizado para escoger a los integrantes de la comisión.
(Con información de Mary Triny Zea)
