El contralor Federico Humbert decidió no refrendar los contratos a la empresa Rogers Forensic Auditors, que debía auditar a 153 juntas comunales y al Programa de Ayuda Nacional (PAN).
En septiembre pasado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) había escogido a esta compañía en una licitación abreviada por mejor valor.
Uno de los contratos, cuyo monto asciende a un millón 243 mil 125 dólares, era para auditar el manejo de fondos de 153 juntas comunales en el período de 1 de julio de 2009 al 30 de junio de 2014.
El otro acuerdo era para auditar los manejos de fondos y recursos del PAN, por la suma de $875 mil, durante el quinquenio del gobierno anterior.
De acuerdo con Humbert, no se puede reemplazar el papel de su entidad al contratar a estas empresas, porque “la Constitución es clara al establecer que es función de la Contraloría fiscalizar todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos”.
Además, aseguró que el Ministerio Público (MP) requiere de los informes de auditoría elaborados por la Contraloría General de la República -y no una externa- para adelantar los procesos penales, por lo que “no vale la pena” contratar auditores externos que, explicó, representan costos adicionales al Estado.
También, el jefe de las finanzas públicas confirmó que, en 43 días de trabajo, han culminado auditorías importantes, como la de la comida deshidratada adquirida por el PAN.
Adelantó que la próxima semana remitirán a las autoridades, los procesos sobre el exministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino y del magistrado de la Corte separado Alejandro Moncada Luna.
“Hemos encontrado suficiente elementos para que se abran los procesos. Obviamente, deben llevar los descargos de las partes afectadas, pero eso lo lleva el MP”, precisó.