Un proyecto de ley que busca asignar a los corregidores la facultad para acreditar la honorabilidad de los profesionales que están interesados en obtener su idoneidad, reposa en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.
La propuesta, que consta de cinco artículos, es impulsada por el diputado del oficialista Partido Popular Jorge Hernán Rubio, y fue presentada el pasado 26 de septiembre.
De acuerdo con Rubio, la inquietud surgió de parte de los jueces de circuitos, quienes consideran que el trámite distrae a los servidores en funciones administrativas y retrasa los procesos judiciales.
"En la actualidad, los juzgados de Circuito Civil tienen una gran carga laboral, un personal reducido para las labores que hay que desempeñar (...) y la complejidad de los procesos impide que el juez se distraiga en funciones administrativas", detalla la propuesta en su exposición de motivos.
También se propone que las declaraciones de testigos para comprobar la residencia continua en el país de los extranjeros que aspiran a obtener la carta de naturaleza, sean igualmente otorgada por los corregidores de sus respectivas jurisdicciones.
La propuesta aclara, en su artículo tercero, que si la declaración es utilizada como prueba en un proceso judicial, debe ser ratificada ante un Juez de Circuito.
Para la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción, Alma Montenegro de Fletcher, determinar la honorabilidad de una persona no solo implica decir que no tiene antecedentes penales. La funcionaria agrega que también hay que aplicar criterios relacionados con la conducta personal, comunitaria y profesional de la personas.
Según Montenegro de Fletcher, hay que tener mucho cuidado al darle esa competencia a una autoridad, en este caso a los corregidores, ya que ellos están en una posición de debilidad cuando se les nombra por relaciones políticas.
"Hay que buscar mecanismos para que un requisito de esta clase tenga la credibilidad y la sustentación necesaria, ya que corremos el riesgo de relajar el procedimiento, lo que puede tener consecuencias negativas", destacó Montenegro de Fletcher.
Rubio descartó estas críticas, ya que gran parte de estas solicitudes son tramitadas en las principales ciudades, donde la mayoría de los corregidores son abogados. Nada dijo, sin embargo, sobre la vinculación política de estos funcionarios.
La propuesta recibió la semana pasada el visto bueno de la Comisión de Trabajo de la Asamblea Nacional.
