SOCIEDAD. HOY ES EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN.

Corrupción con castigo

Aunque en Panamá lo común es no condenar a altos funcionarios, la tendencia mundial indica que es posible y necesario pagar por los delitos.

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PODER. Este año fueron condenados los ex presidentes Alberto Fujimori (Izq.), Rafael Ángel Calderón (abajo, centro) y Chen Shui-bian (Der.). El italiano Silvio Berlusconi (arriba, centro) también enfrenta cargos por soborno. LA PRENSA/Archivo PODER. Este año fueron condenados los ex presidentes Alberto Fujimori (Izq.), Rafael Ángel Calderón (abajo, centro) y Chen Shui-bian (Der.). El italiano Silvio Berlusconi (arriba, centro) también enfrenta cargos por soborno. LA PRENSA/Archivo
PODER. Este año fueron condenados los ex presidentes Alberto Fujimori (Izq.), Rafael Ángel Calderón (abajo, centro) y Chen Shui-bian (Der.). El italiano Silvio Berlusconi (arriba, centro) también enfrenta cargos por soborno. LA PRENSA/Archivo

En algunos países, la corrupción y los actos deshonestos en perjuicio del pueblo se pagan. Al menos cuatro condenas recientes lo certifican.

Este año arrancó con una condena ejemplar. En abril, el ex presidente de Perú Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel, por violaciones a los derechos humanos, lesiones graves, secuestro a un empresario y a un periodista, homicidio calificado y asesinato con alevosía. Lo anterior, por las matanzas que, en 1991 y 1992, dejaron 25 muertos.

Pero los castigos no solo se suscribieron a América: llegaron a la legendaria Asia. En septiembre, el ex mandatario taiwanés Chen Shui-bian y su esposa fueron condenados a cadena perpetua por falsificación de documentos, corrupción y blanqueo de capitales.

Y solo un mes después, Costa Rica hizo historia, condenando por primera vez a un ex presidente. Le tocó el turno a Rafael Ángel Calderón ser condenado a cinco años de prisión por peculado, tras haberse involucrado en el reparto de 8 millones de dólares en comisiones de un préstamo del Estado.

Pero no todo quedó allí. El vecino país busca aplicar la misma receta al ex presidente Miguel Ángel Rodríguez, por recibir supuestos pagos ilegales de una compañía inglesa por una póliza de reaseguro del Instituto Costarricense de Electricidad.

En Italia, la inmunidad que otorga dirigir un país tampoco ha sido suficiente como para escurrirse de una acción judicial. Silvio Berlusconi perdió su inmunidad en octubre, luego de que se le acusara de haber sobornado, en 1997, a un abogado con 600 mil dólares para que este no presentara evidencias en su contra relacionadas con turbios negocios.

Aunque en Panamá lo común es no condenar a altos funcionarios, la tendencia mundial dice que es necesario, y que es posible pagar por los delitos cometidos.

Es imperante hacerlo porque, según la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (aprobadas en 2003), la corrupción “representa una amenaza para el desarrollo sostenible de la población, y para la estabilidad y seguridad de las sociedades, al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia, y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley”.

Por estos lares, la percepción de corrupción es alta. Según el Índice de Percepción de Corrupción, presentado el mes pasado por Transparencia Internacional, Panamá tiene un nivel de corrupción de 3.4 de 10.

Panamá también está en una posición desventajosa si se toma en cuenta el Índice de Calidad Institucional 2009, que ubica a Panamá en la posición 68 entre 192 países.

Esa situación no mejora, asegura Maribel Jaén, de la Comisión de Justicia y Paz, porque las auditorías ciudadanas, presupuestos participativos, consultorías y diagnósticos participativos no forman parte de las legislaciones, y los pocos instrumentos que hay (como el acceso a la información) no reciben recursos ni personal suficiente.

También ayuda a aumentar el nivel de corrupción, opina Jaén, la falta de independencia de los órganos del Estado y la falta de sanciones ejemplares.

Angélica Maytín, directora ejecutiva de Transparencia Internacional (capítulo de Panamá) concuerda con Jaén, aunque recalca que la sociedad se está volviendo cada vez menos tolerante a los actos de corrupción.

Sin embargo, asegura, hacen falta freír “peces gordos”, porque “todavía no todos somos iguales ante la ley”.

Casos de alto perfil en PanamáEn Panamá, el Ministerio Público investiga al ex presidente de la República Ernesto Pérez Balladares, por supuesto blanqueo de capitales. La sociedad Shelf Holding Inc., controlada por el ex presidente, es investigada por recibir sumas de dinero por parte de Lucky Games, S.A. que opera nueve salas de máquinas tragamonedas. Pérez Balladares le otorgó, en sus últimos días de gestión, una concesión directa a Lucky Games para operar esas salas de juego. El ex presidente también estaría vinculado a un caso de supuesto soborno.

El presidente de Ports Engineering & Consultans Corp, Charles Jumet, admitió en un tribunal de Estados Unidos que pagó sobornos a funcionarios panameños para lograr un contrato con la desaparecida Autoridad Portuaria Nacional, en 1997. Otro polémico caso es el del ex ministro de Educación Belgis Castro, quien enfrenta cargos por el delito contra la administración pública.

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