Bajo la ponencia de la magistrada Graciela Dixon, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró prescrita una acción penal y ordenó archivar una investigación que pretendía ubicar a los responsables de la desaparición forzada del dirigente Ariosto González, perpetrada el 24 de enero de 1969, tres meses después del golpe de Estado de octubre de 1968.
El fallo, que contó con el respaldo de su colega Esmeralda de Troitiño, revoca una decisión del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial (Chiriquí y Bocas del Toro) que había negado un pedido de prescripción de esta investigación impulsado por la defensa de los acusados de estos hechos, quienes eran miembros de la entonces Guardia Nacional.
A través de su agencia delegada en Chiriquí, la Fiscalía Auxiliar decidió abrir un sumario por la supuesta comisión del delito contra la vida e integridad personal en perjuicio de González, basada en la información que recapituló la hoy desaparecida Comisión de la Verdad.
El fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema –que tuvo el salvamento de voto del magistrado Aníbal Salas– se produjo el 21 de agosto de 2007, el mismo día en que Dixon oficializó su candidatura a la Corte Penal Internacional a través de la misión permanente panameña en Naciones Unidas.
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