POLÉMICA.EL PROCESO PENAL PODRÍA PRESCRIBIR.

La Corte no tiene voluntad para aclarar caso PECC: Alvin Weeden

El ex contralor opina que el Ministerio Público debería reabrir el caso para evitar que la acción penal prescriba.

Rubén Reyna. Rubén Reyna.

Rubén Reyna.

Dorita de Reyna. Dorita de Reyna.

Dorita de Reyna.

Hugo Torrijos. Hugo Torrijos.

Hugo Torrijos.

De la misma forma que el caso CEMIS fue cerrado y archivado en octubre de 2003, el de Ports Engineering and Consultants Corp. (PECC) parece encarrilado por la misma vía.

Así piensa el ex contralor Alvin Weeden, quien inició la investigación del caso PECC años atrás. Salvo que el Ministerio Público reabra el caso desde el principio, continuar con el proceso podría provocar que la acción penal prescriba.

El Ministerio Público ha anunciado que apelará el fallo del Segundo Tribunal Superior que ordenó archivar de inmediato el caso, medida que tiene alcance para todos los involucrados, entre ellos, caras conocidas como las de Hugo Torrijos, Rubén Reyna y la periodista Dorita de Reyna.

Weeden opina que la Corte Suprema de Justicia ha demostrado una "falta de voluntad" para resolver este caso en su fondo, por lo que "no perdería el tiempo" en un prolongado proceso de casación. Lo que haría, dijo, es reabrir el caso, pues ya no se podría invocar la inmunidad del ex presidente Ernesto Pérez Balladares, hecho que sirvió para arropar al resto de los involucrados y ordenar el cierre del caso.

Explicó que aunque las autoridades hayan ordenado anular la investigación en la que se mencionaba al ex presidente Pérez Balladares –porque este gozaba de inmunidad parlamentaria cuando comenzó el proceso– esto no exime de responsabilidad penal ni a él ni al resto de los involucrados.

Como se sabe, la Corte Suprema concedió el año pasado un amparo de garantías constitucionales a Pérez Balladares, investigado por supuesto enriquecimiento ilícito en el caso PECC, pues como miembro del Parlamento Centroamericano, tenía inmunidad. En consecuencia, ordenó anular el proceso en su contra.

No obstante, el Ministerio Público solicitó que el caso contra el resto de los investigados continuara, ya que no gozaban de ese privilegio.

Pero, a juicio de los magistrados Andrés Almendral y Elvia Batista, "dada la naturaleza de la institución de la nulidad, es inaceptable que ella pueda fraccionarse con respecto a una u otra persona...".

En otras palabras, la inmunidad de Pérez Balladares salvó a sus acólitos, pues, según el fallo, "es imposible separar el vicio de las pruebas y demás piezas procesales en detrimento de las demás personas instruidas en el sumario...".

Según Weeden, en este caso habría, hasta ahora, una lesión al Estado superior a los quince millones de dólares.

De mantenerse la concesión de PECC –que, además, es prorrogable– el alcance sería de decenas de millones de dólares, añadió.

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