Magaly Castillo, secretaria ejecutiva de Alianza Ciudadana Pro Justicia, opinó que el proyecto de ley que aprobó la Comisión legislativa de Gobierno con el ánimo de crear un fuero procesal para beneficio de los diputados, "es contrario al criterio de la misma Corte [Suprema de Justicia], que en fallos recientes ha reconocido que es la Procuraduría General de la Nación la competente para llevar adelante la investigación contra los diputados de la Asamblea y del Parlamento Centroamericano [Parlacen]".
La dirigente de la sociedad civil aseguró que el documento no fue consultado con ningún sector vinculado a la administración de justicia. Además, recordó que el proyecto no forma parte de la propuesta del Pacto de Estado por la Justicia.
"Es contrario a la corriente internacional de eliminar todas las prerrogativas o fueros especiales de funcionarios, ya que en la mayoría de los casos se convierten en mecanismo para promover la impunidad", recalcó Castillo.
Sin embargo, el diputado opositor y miembro de la Comisión de Gobierno Wigberto Quintero aseguró que el proyecto fue enviado incluso a la comisión codificadora que surge del Pacto por la Justicia, con el objetivo de realizar reformas a los códigos Penal y Procesal Penal. "Se tomaron en cuenta todas las recomendaciones que presentaron (...) todo lo aprobado es apegado a la Constitución", añadió.
Entre las propuestas acogidas está la que establece que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ejercerán las funciones de fiscal.
Por su lado, el vicepresidente de la Asamblea, Jorge Hernán Rubio, defendió el documento alegando que no se puede calificar el proyecto de ley como inconstitucional mientras la Corte Suprema no se pronuncie.
Dijo que aún no se ha tomado una decisión final, puesto que el proyecto está pendiente de discusión en segundo debate.
"No es cierto que se necesitan dos terceras partes del pleno de la Corte para iniciar una investigación, sino para dictar sentencia condenatoria", explicó.
Su colega Jerry Wilson, actual presidente de la Comisión de Gobierno, fue más allá. Según él, lo que pretende el documento es establecer una igualdad procesal con los magistrados, mas no un fuero.
"El proyecto está en discusión (...) el pleno está en la facultad de modificar la cantidad de votos", añadió Wilson.
El pasado viernes, Alianza Ciudadana envió una carta a los miembros de la Comisión de Estado por la Justicia y del Consejo de Transparencia contra la Corrupción, en la que les solicitó un pronunciamiento público sobre el proyecto.
"Ustedes tienen mayor posibilidad de advertir a los señores diputados que esta reforma contradice toda lucha por eliminar los fueros y privilegios en la investigación y juzgamiento a los miembros de la Asamblea y del Parlacen", puntualizó Castillo en la misiva.
Por su parte, el presidente de Cambio Democrático, Ricardo Martinelli, mostró su desagrado porque los diputados, bastante cuestionados por la opinión pública, precisamente aprueben leyes solo para favorecerse a sí mismos.
"Ellos van contra la corriente de la transparencia que exige la sociedad", apuntó. Con estas acciones solo buscan la forma de protegerse, para "evadir" denuncias en su contra.
