Una red de 12 personas –que incluye contratistas y ex funcionarios, entre los que está Haydeé Milanés de Lay– causó una lesión patrimonial al Estado, en el manejo irregular de dinero del Fondo de Inversión Social (FIS).
La decisión está contenida en la Resolución 22-2008 de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP, hoy reconvertida en Tribunal de Cuentas). El documento es del 11 de noviembre de 2008, pero no es hasta ahora que se conoce, gracias a su divulgación en Gaceta Oficial.
Dos de los mayores implicados son Sixto Lay Maxwell, pariente del esposo de Milanés de Lay y ex representante de La Palma, y Nicolasa López Maturana, ex tesorera de la junta comunal de La Palma. A ambos se les atribuye una lesión patrimonial por un total de $154 mil 801. A la ex legisladora, en cambio, se le declaró responsable de forma solidaria, por otros $14 mil 280.
Con este dictamen, la desaparecida DRP no reconoció el indulto que otorgó la ex presidenta Mireya Moscoso a Milanés de Lay en 2004, por considerar que “la facultad para decretar indultos se limita a los delitos; es decir, a los procesos de índole penal, no así a esta esfera patrimonial”.
Además de los Lay y López Maturana, se declaró culpable a seis contratistas, dos empleados de la ex legisladora y una beneficiaria de los pagos con fondos públicos (ver cuadro).
La misma resolución eximió de culpa a Leli Diamara Murillo Barco.
