La ex procuradora de la Nación Ana Matilde Gómez aseguró ayer que la investigación realizada a Dalvis Xiomara Sánchez por presunto enriquecimiento ilícito, se inició luego que se detectaran fuertes sumas de dinero “dispuestas” de una forma irregular.
Gómez fue la primera testigo que compareció ayer, al reanudarse la audiencia suspendida el pasado 16 de diciembre a la ex secretaria administrativa de la Presidencia, durante el mandato de Mireya Moscoso (1999- 2004). La audiencia había sido suspendida por el extravío de un tomo del expediente.
Durante su testimonio, Gómez declaró que las pesquisas empezaron en el año 2006, para conocer la procedencia del dinero encontrado en la residencia de Sánchez, quien en ese momento era un funcionaria “de manejo” de la Presidencia de la República.
“Se hablaba de 35 mil dólares en un congelador y dinero en otros lugares, y esto no era normal”, añadió.
El auditor de la Contraloría Oldemar Guerra, quien elaboró el informe sobre los ingresos y gastos de Sánchez, aseguró que sus gastos superaban con creces sus ingresos. Entre los años 1999 y 2004, Sánchez mantuvo ingresos por 438 mil 667 dólares y gastos por 809 mil 775 dólarse, casi el doble de lo devengado.
Guerra explicó que la Contraloría solicitó a Sánchez que entregara la documentación que sustentara estos montos, pero ella nunca la aportó.
Rogelio Cruz, abogado de Sánchez, insistió que a su cliente no se le contabilizaron los viáticos como ingresos recibidos.
También dijo que entre 1999 y 2002, Sánchez recibió dinero por su condición de jubilada de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, por lo que tuvo la capacidad económica de ahorrar 35 mil dólares, que fue el monto original de la denuncia que la procuradora Gómez reportó ante la Contraloría. Sostiene, además, que Gómez nunca aportó la “prueba sumaria” para el inicio de las investigación, por lo que –a su modo de ver– toda la investigación “está viciada”.
Para hoy se tiene previsto que continúe la audiencia, con la participación de otros auditores.
En este caso, el Ministerio Público es representado por la fiscal segunda Anticorrupción, Lissette Chevalier, quien reemplazó a Ramsés Barrera, hoy secretario general de la Procuraduría.
