Los diputados de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional decidieron ayer comenzar a analizar 61 expedientes que reposan en esa instancia y que se relacionan con denuncias contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
El presidente de la comisión, Luis Barría, informó que los 61 expedientes fueron repartidos entre los nueve miembros de la instancia, para que estos decidan si se admiten o no.
Sin embargo, Barría adelantó que muchos de esos casos no serán admitidos, pues que datan desde 2005 y la mayoría de los denunciados ya no ocupa el cargo cuando fue denunciado.
El reparto de las denuncias quedó de la siguiente manera: siete para Leandro Ávila, del Partido Revolucionario Democrático (PRD); siete para Barría, del Partido Panameñista; otros siete fueron asignados a Elías Castillo, del PRD; seis a la independiente Ana Matilde Gómez; e igual número a Katleen Levy (panameñista); Mario Miller (Cambio Democrático, CD); Zulay Rodríguez (PRD); Héctor Valdés Carrasquilla (CD); y Marilyn Vallarino (CD).
Barría informó que, antes de la sesión de la comisión, se reunió con los diputados y los expedientes fueron repartidos al azar, de acuerdo con su número de ingreso.
“Desconozco, ni siquiera he visto las copias para saber [qué expediente me tocó]”, declaró Castillo cuando se le preguntó sobre los casos que le correspondieron. Incluso, aseguró que ni siquiera había recibido las copias.
Barría explicó que no existe plazo para que los diputados den su opinión en cuanto a si se debe admitir o no los casos; no obstante, pidió celeridad a sus colegas.
Cuando finalice la revisión, las denuncias admitidas serán investigadas, aseguró Barría, y recordó que aunque el período de sesiones de la Asamblea culmina el 30 de este mes, las comisiones continuarán trabajando hasta el 30 de junio.
AYÚ PRADO y BENAVIDES
Barría también anunció la creación de tres subcomisiones que se encargarán de ver casos particulares hallados en el seno de la Comisión de Credenciales. Explicó que la primera subcomisión tendrá la misión de analizar cuatro denuncias que fueron presentadas, aunque no tenían las cinco firmas de los diputados que se requieren como requisito para su archivo.
Entre esas denuncias hay casos contra el exmagistrado de la Corte Alejandro Moncada Luna, quien recientemente fue juzgado y condenado por la Asamblea Nacional por enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos públicos.
También hay dos expedientes que tienen denuncias contra el actual magistrado presidente de la Corte, José Ayú Prado.
Los encargados de evaluar estas denuncias son el panameñista Barría, el diputado Héctor Valdés Carrasquilla y la también panameñista Katleen Levy.
La segunda subcomisión recibirá la denuncia contra el magistrado José Ayú Prado presentada por el dirigente sindical Mariano Mena, que consta de 12 tomos. “Es un expediente extenso”, apuntó Barría.
Esta subcomisión es presidida por la perredista Zulay Rodríguez y también la integran el diputado Mario Miller y el perredista Leandro Ávila.
La tercera subcomisión tendrá la tarea de ver una denuncia presentada el viernes pasado contra el magistrado de la Corte Víctor Benavides.
Este expediente será analizado por el diputado perredista Elías Castillo, la diputada de CD Marylin Vallarino y la independiente Ana Matilde Gómez.
En la denuncia, se señala a Benavides de la supuesta comisión de delitos contra la administración pública y contra la libertad sexual.
La acción fue presentada por la firma Vega Vega, Álvarez y Asociados. Por otra parte, Barría confirmó que en la comisión también había denuncias presentadas contra el presidente y vicepresidente, aunque no precisó si estas acciones son contra el actual mandatario Juan Carlos Varela y su vicepresidenta, Isabel de Saint Malo de Alvarado, o si se refieren a otros exgobernantes.
Los miembros de la comisión recibirán hoy copias de los expedientes.
De acuerdo con el artículo 160 de la Constitución Política: “Es función de la Asamblea Nacional conocer de las acusaciones o denuncias que se presenten contra el Presidente de la República y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y juzgarlos, si ello diera lugar, por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones o en perjuicio del libre funcionamiento del poder público o violatorio de la Constitución o las leyes”.