En una operación sin precedentes en la historia criminal panameña, los organismos de seguridad detuvieron a siete hombres que supuestamente fueron contratados por los carteles mexicanos del narcotráfico para operar como sicarios y asesinar en Panamá a funcionarios policiales y judiciales.
Fuentes ligadas con el Consejo de Seguridad confirmaron que se trata de cinco ciudadanos colombianos y otros dos nacionales de Ecuador.
En un informe confidencial manejado por los estamentos de seguridad se precisa que los detenidos son los colombianos Jesús Antonio Londoño Castaño, Reinaldo de Jesús Tuta Fernández, Fernando Ocoro Orobio, León Darío Arango Pinio y Gerardo de Jesús Mejía Madrid, y los ecuatorianos Juan Arroyo Germán y Álvaro Ricardo Reasco Garcés.
Los siete fueron detenidos luego de varios operativos realizados entre el viernes 24 y el domingo 26 del pasado mes en apartamentos, casas, talleres y fincas de Alcalde Díaz, la 24 de Diciembre y Calzada Larga.
Se revela el plan
Las fuentes precisaron que las primeras informaciones del caso fueron aportadas a principios de agosto por vecinos de los sospechosos, que notaron movimientos extraños de personas que nunca antes habían visto.
Ante esta situación, la Policía Técnica Judicial (PTJ) hizo un seguimiento previo de los siete hombres, y al advertir su eventual vinculación con actividades ilícitas, notificó del caso al Ministerio Público, que, a su vez, formó un pie de fuerza con la Fiscalía de Drogas y la Policía Nacional.
Luego de tres semanas de vigilancia se determinó que, aunque los hombres no tenían ingresos fijos en Panamá, realizaban cuantiosos gastos.
En tanto, datos aportados por Interpol confirmaron que tres de los sospechosos tienen antecedentes penales.
Se trata de Londoño, condenado por un tribunal de Ecuador por tráfico de heroína; de Arango, vinculado al decomiso de varios kilos de cocaína en el área de Bethania; y Ocoro, condenado por tráfico ilícito de drogas en Panamá.
Víctimas y objetivos
Aunque las fuentes consultadas para esta nota no quisieron dar detalles de las personas que serían blanco de los sicarios, se informó que en su mayoría son funcionarios del Ministerio Público, la Policía Nacional y la Policía Técnica Judicial (PTJ), responsables de los decomisos de drogas efectuados entre 2006 y este año.
Entre esos embarques figura el de 19.5 toneladas de cocaína decomisado en marzo pasado cerca de la isla de Coiba, que según las autoridades era propiedad del cartel mexicano de Sinaloa.
La seguridad de los funcionarios involucrados en ese y otros decomisos, como se dijo, fue reforzada desde el pasado mes de agosto, luego de que quedaron al descubierto los planes de los supuestos asesinos.
Los procesos judiciales
Luego de casi un mes de concretadas las detenciones, la Fiscalía Primera de Drogas formuló cargos por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y ratificó la detención preventiva de los siete sospechosos, que hasta el momento no han podido justificar la procedencia del dinero con el que financiaban sus actividades en el país.
De acuerdo con las fuentes, la decisión está soportada, además, en un cúmulo de documentos originales y copias, de fechas muy recientes, hallados en los allanamientos.
Ocoro fue puesto a órdenes de Migración, para que una vez concluya este proceso judicial se le deporte nuevamente hacia Colombia.
En tanto, en el caso de Arango Pinio se ordenó su arresto también por su supuesta vinculación con el citado decomiso de drogas en Bethania.
Hasta la fecha, ninguno de los detenidos ha querido responder sobre los supuestos asesinatos que cometerían en el país ni quiénes eran sus víctimas. Los sietes hombres permanecen detenidos en las celdas de la PTJ.