Diputados opositores, como el perredista Javier Ortega y Noriel Salerno, de Cambio Democrático, condicionaron la devolución de sus placas oficiales, a pesar de las críticas de grupos de la sociedad.
Resisten
Pese a los cuestionamientos de autoridades y sectores de la sociedad civil organizada a los privilegios que reciben los diputados de la Asamblea Nacional, estos se mantienen aferrados a ellos.
Tras la detención por posesión de drogas de un asesor del diputado Juan Manuel Poveda, quien tenía un duplicado de la placa oficial del político, han renacido las críticas por las prerrogativas que tienen los integrantes del Legislativo.
De acuerdo con el reglamento interno de la Asamblea, los diputados tienen derecho a franquicia postal y telefónica dentro del territorio nacional, a importación libre de derecho de introducción y demás gravámenes de dos vehículos durante su periodo constitucional, dos placas oficiales (el suplente tiene derecho a una exoneración y una placa) y a pasaporte diplomático.
Defienden privilegios
Ni siquiera el llamado hecho por el presidente de la Asamblea, Rubén De León, tras el caso del asesor de Poveda, ha logrado que todos los diputados devuelvan sus placas.
Hasta el momento, 50 de los 71 diputados han entregado su placa, de acuerdo con información de la Asamblea. Otros comunicaron que esperarán la nueva placa antes de entregarla.
El diputado perredista Javier Ortega es uno de los que se resiste a la medida.
“Vamos a quitarle las placas a los periodistas, vamos a quitarle las placas a los ministros de Estado, a los magistrados, a la Iglesia católica, a los organismos internacionales. Después que les quitemos las placas a todo el mundo, ya después no hay más remedio que quitarnos la nuestra”, manifestó.
Por su parte, Noriel Salerno, del partido Cambio Democrático (CD), afirmó que, aunque solo tiene una de las dos placas y no la utiliza, la entregará cuando reciba el reemplazo.
“Hay cuestionamientos de la falsa sociedad civil, pero estos privilegios se dan porque los diputados no son personas comunes y corrientes de la calle. Tenemos una responsabilidad más grande que cualquier otro funcionario”, precisó.
Sostuvo que en Panamá hay muchos sectores que también tienen prerrogativas y nadie los critica.
“En qué gasta plata un ministro, que no gasta gasolina, no gasta nada, tiene varias secretarias, varios carros pagados por el Estado y nosotros vivimos en el interior y tenemos que venir a trabajar a la capital. En cinco años, ¿cuánto no se deteriora nuestro carro?, eso tienen que analizarlo”, argumentó.
Señaló que, incluso, los periodistas tienen blindaje y prerrogativas.
“Ustedes, los periodistas, no pueden ser demandados penalmente por un funcionario. Ustedes tienen un blindaje y nadie se los critica. Eso se lo ganaron ustedes como gremio y se los respeto”, enfatizó.
En ese sentido, Raúl Hernández, quien es el segundo vicepresidente de la Asamblea, manifestó que estas prerrogativas no son ilegales ni inmorales.
“Sencillamente, estamos haciendo uso de lo que la ley nos otorga”, dijo.
Añadió que lamenta los cuestionamientos de la sociedad civil y agregó que muchos de los sectores que exigen cambios cuando llegan a ser parte de la Asamblea quedan utilizando las prerrogativas.
Son innecesarias
El procurador de la Administración, Rigoberto González, asegura que siempre ha considerado que en una república no deben existir privilegios.
“El único privilegio que debemos tener es ostentar el cargo público, no valernos de este para beneficiarnos en detrimento de la imagen que debe proyectar un funcionario”, señaló.
En su caso, y a pesar de tener derecho, dijo que no usa la placa oficial exonerada.
“Es innecesario porque la imagen que se le manda a la ciudadanía es que los cargos son para revestirnos de prerrogativas, más que para ir conscientes a realizar una labor en función del interés de la ciudadanía”.
Por su lado, Anette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), dijo entender que el beneficio que tienen los integrantes de la Asamblea para importar vehículos libre de impuestos es porque el Estado no se los provee, como sí se los da a los ministros.
Indicó que más que los privilegios, es la responsabilidad que conlleva el hecho de recibirlos.
“El privilegio de la placa es intransferible y no hay ninguna justificación para que la esposa, el esposo o los hijos del diputado tengan la placa y mucho menos un amigo o un asesor. La Asamblea debe ser más enérgica en cuanto a este tema”, opinó.
Por su lado, Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana pro Justicia, sostuvo que los cuestionamientos por las prerrogativas de los diputados es una reclamación histórica de diversos sectores.