Los directivos de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) no se resignan a dejar sus puestos en la institución creada para tramitar el futuro uso de las tierras e infraestructuras traspasadas a Panamá tras la aprobación del Tratado Torrijos–Carter.
La última gestión realizada para prorrogar la vigencia de la ARI ocurrió el pasado martes, cuando el presidente de la junta directiva, Gustavo García de Paredes, propuso al Órgano Ejecutivo que el período de transición dure "no menos de cinco meses". Con ello, prorrogarían la vigencia de sus cargos hasta abril del año entrante.
De acuerdo con la legislación vigente, la ARI debe desaparecer el 31 de diciembre de 2005.
"Es necesario que se dé el tiempo para preparar la transferencia de los bienes, contratos y deudas pendientes", explicó García de Paredes.
En la reunión participaron el ministro y el viceministro de la Presidencia, Ubaldino Real y Dilio Arcia, respectivamente.
Según García de Paredes, también rector de la Universidad de Panamá, Real le comunicó la decisión del Gobierno de que los directivos de la ARI se mantengan en sus cargos hasta que el Ejecutivo defina cuál será el futuro del patrimonio de la entidad y de los funcionarios que allí laboran.
En septiembre pasado, los directivos de la ARI pusieron sus cargos a disposición del presidente, Martín Torrijos, minutos más tarde de destituir al administrador de la entidad, Julio Ross.
