Milton Reyes y Luis Sánchez Torrijos, con lágrimas en los ojos, se declararon ayer culpables y arrepentidos de mantener un sembradío clandestino de marihuana en un apartamento en Bella Vista, y pidieron al tribunal que los juzgó una nueva oportunidad para rehacer sus vidas.
En este proceso, que se realizó en el Juzgado Sexto Penal, a cargo de Rubén Royo, los imputados se acogieron a un “proceso abreviado” y el juicio solo demoró una hora y 30 minutos. Reyes y Sánchez Torrijos, este último primo del presidente, Martín Torrijos, fueron detenidos el pasado 3 de julio y tres meses después fueron llevados a juicio.
En la audiencia los dos acusados aceptaron ante el tribunal que financiaron con sus propios recursos económicos el sembradío clandestino, pero reiteraron que la droga producida era solo para consumo propio y no para venderla.
“No medimos las consecuencias y me avergüenza que mi familia afronte esta situación”, dijo Reyes.
Sánchez Torrijos, por su parte indicó que “fue una estupidez lo que hicimos por estar en este vicio, pero pedimos al tribunal una segunda oportunidad”.
El abogado de los acusados alegó que la cantidad de droga que se les decomisó a sus clientes fue únicamente de 178 gramos y no de 17.46 kilos como afirmó la Fiscalía Primera de Drogas. Explicó que la Fiscalía presentó como prueba el peso total de las 254 plantas decomisadas en el apartamento, incluyendo la tierra donde estaban sembradas, y las partes que se desechaban como troncos, raíces y hojas.
Añadió la defensa que, según los estudiosos en esta materia, la única parte que se utiliza para fabricar la marihuana que se consume son los cogollos de las plantas y estos solo, según los peritos de la propia fiscalía, pesaron 178 gramos, lo que comprobaba, según el abogado, que se trataba de una cantidad para consumo y no para comercializarla.
También dijo que la Fiscalía no había probado en el expediente que sus clientes vendían esta droga y, por tanto, no se les podía condenar por el delito se sembrar, cultivar y comercializar droga, delito que tiene pena de 10 a 15 años de prisión. Por lo que pidió al tribunal que basara su sentencia en el cargo de posesión simple de drogas, que es de uno a tres años de cárcel.
En tanto, la asistente a la fiscalía, Sofía Carreiro, pidió al juez Royo que aplicara la máxima condena a los dos implicados, destacando que a pesar de que estos se declararon arrepentidos, incurrieron en un grave delito.
El juez Royo, tras abrirle causa criminal a ambos imputados, se acogió al término que le confiere la ley de 30 días para dictar sentencia.