Contrario al criterio de la magistrada Graciela Dixon, en el sentido de que en el caso de la desaparición forzada del dirigente Ariosto González se extinguió el derecho del Estado para ejercer la acción penal, su colega de la Sala Penal Aníbal Salas dijo que en la época en que se suscitaron los hechos –enero de 1969–, la tutela judicial estaba en franca incertidumbre.
En su fallo, Dixon dijo que la desaparición de González no puede ser tratada como delito de desaparición forzada de personas, pues esa conducta no está tipificada como delito en la legislación panameña. Sin embargo, la magistrada reconoce que Panamá suscribió, en 1977, la Convención Americana de los derechos humanos y la Convención Americana sobre desaparición forzosa de personas, en 1995.
Salas, no obstante, dijo que en 1969 el país afrontaba situaciones gubernamentales a merced de un régimen de fuerza eminentemente militar, en el que se cometieron flagrantes violaciones a los derechos humanos –con un componente delictivo y características especiales de las partes– que marcan una diferencia diametral en el ámbito jurídico.
La doctrina y jurisprudencia internacional, dijo Salas, contempla las agresiones de este tipo como delito de lesa humanidad donde los crímenes mantienen connotaciones significativas protegidas por el derecho penal internacional.
Este concepto, añadió, es reproducido inalterablemente en diferentes instrumentos internacionales, desde el Estatuto de Nuremberg, la Declaración de los Derechos del Hombre; la Carta de las Naciones Unidas, los Estatutos de los Tribunales Ad-hoc para la ex Yugoslavia y Ruanda, hasta el Estatuto de Roma.
Es precisamente el Estatuto de Roma el que dio vida en 1998 al Tribunal Penal Internacional, instancia a la que aspira llegar Dixon como magistrada de esa Corte, cuya escogencia será entre el 30 de noviembre y el 14 de diciembre próximos en Nueva York.
Al respecto, el Centro de Investigación de los Derechos Humanos y Socorro Jurídico de Panamá, que coordina Otilia de Koster, se pronunció en contra de la postulación de Dixon a ese tribunal.
La incorporación de Dixon a la Corte Penal Internacional, dijo el Centro, "desprestigiaría seriamente" a ese organismo internacional, porque su proceder jurídico y profesional en la Corte Suprema de Justicia de Panamá ha sido contrario a los postulados y principios que fundamentan el compromiso de la comunidad internacional para crear la Corte Penal.
Koster dijo que remitirán a la Corte Penal Internacional todos los fallos en los que Dixon ha desconocido los postulados de ese tribunal.
