El Estado está en deuda con la familia de Alberto Bolívar Conte Magdaleno, aquel publicista que figuró entre los dirigentes de la otrora Cruzada Civilista que combatió en las calles al gobierno militar a finales de la década de 1980.
Hace 22 meses, en diciembre de 2006, el Primer Tribunal Superior de Justicia (Civil) confirmó una sentencia de primera instancia, en la que condenó al Estado al pago de medio millón de dólares en concepto de daños y perjuicios a favor de Conte Magdaleno.
Y es que el 22 de septiembre de 1988, su empresa Conte McCann Erickson, situada en el corregimiento capitalino de Bella Vista, fue destrozada por milicianos adeptos al régimen castrense.
Pero la democracia, por la que Conte probó el exilio, le fue distante. El 27 de mayo de 2007, Conte, quien llegó a presidir el Colegio Nacional de Periodistas, falleció a causa de una crisis pulmonar, sin que el Estado cumpliera la orden de un tribunal.
Ayer, su esposa, Rita Burrel de Conte, dijo que, tras varias misivas dirigidas al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el gobierno ha ignorado su reclamo. “Ni siquiera han respondido las notas”, se quejó.
Pero el caso de la familia Conte no es el único. El pasado 12 de septiembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado panameño por la desaparición forzada del dirigente popular Heliodoro Portugal, ocurrida en 1970 durante la dictadura militar.
En la sentencia, la Corte ordenó reparaciones económicas y atención médica para la familia de Portugal, así como hacer un reconocimiento público de la culpa y publicar la parte resolutiva de la sentencia en el diario oficial y en uno de circulación nacional.
Hasta el momento, ese fallo no ha sido cumplido.
